Confesiones de un exresponsable de formación y por qué la plastilina vende

Hay un momento casi litúrgico a principio de curso cuando en la sala de profesores se abre la oferta de actividades de los centros de formación. La reacción suele ser unánime. Resoplidos, comentarios sarcásticos frente a la máquina de café y un cruce de miradas entre el desánimo y la incredulidad.

Ocho talleres sobre gestión socioemocional a través del arte disruptivo, catorce cursos para aprender a poner adhesivos digitales en una presentación y ni un solo seminario sobre derecho administrativo, responsabilidad legal del docente, régimen disciplinario o evaluación según la norma.

La pregunta que flota en el ambiente siempre es la misma… ¿quién demonios decide todo esto en la Consejería o en el Ministerio?

Conozco la respuesta de primera mano. He estado sentado en los despachos donde se aprueban esos catálogos, he firmado resoluciones de convocatoria y he vivido la impotencia de ver cómo la propia inercia del sistema tritura cualquier intento de meter rigor normativo para sustituirlo por fuegos artificiales de saldo.

La culpa no es de un villano con despacho en la Consejería. Es algo bastante más humano, más complejo y, por eso mismo, mucho más difícil de arreglar.

Lo primero que no se ve desde la sala de profesores es el margen real de maniobra que tiene quien gestiona la formación. La libertad para decidir qué se enseña a los docentes es, en gran medida, una ilusión.

Una parte desproporcionada del presupuesto que llega a las autonomías para formación no viene limpia. Viene con el nombre y los apellidos puestos desde Madrid o Bruselas. Si el Ministerio abre un grifo de financiación ligado a marcos teóricos concretos -como la famosa acreditación de Competencia Digital o programas de inclusión puramente formales-, la administración autonómica tiene dos opciones. O ejecuta exactamente los cursos que le imponen con las métricas que le exigen, o pierde el dinero.

En la práctica, eso significa que el equipo de gestión pasa la mitad del año haciendo malabarismos para cumplir con unos indicadores cuantitativos absurdos. Hay que acreditar a miles de profesores en un tiempo récord para que las cifras luzcan en los informes oficiales. El contenido real que ese profesor necesita el lunes a las ocho de la mañana en su aula pasa a un tercer o cuarto plano. Importa el papel, la métrica y el sello.

Existe además una barrera competencial absurda dentro de la propia administración que pocos conocen. Por diseño institucional, los centros de profesorado tienen encomendada la formación didáctica y la actualización metodológica. Sin embargo, todo lo que toca el régimen jurídico del funcionario, el procedimiento administrativo o la responsabilidad civil suele ser terreno acotado de las Escuelas de Administración Pública de cada Comunidad.

¿El resultado? Un desamparo institucional kafkiano. La Escuela de Administración Pública diseña sus cursos de leyes pensando en los administrativos que trabajan en las sedes de la Consejería. Mientras tanto, a los miles de docentes que están cada día en la trinchera del centro, gestionando conflictos con menores, familias, evaluaciones complejas y decretos contradictorios, se les niega el acceso a ese conocimiento porque eso no es didáctica.

A la burocracia, además, no le disgusta del todo este reparto. Un profesorado que ignora la norma es un profesorado infinitamente más dócil. Quien no conoce sus derechos ni los límites estrictos de sus deberes tiende a decir a todo que sí, por miedo o por pura inercia.

Pero sería un acto de cobardía señalar solo a los despachos y no mirar lo que pasa en los claustros. Hay una responsabilidad compartida de la que casi nadie quiere hablar.

Cualquier actividad formativa que se programa desde la administración exige, por estricta normativa, un número mínimo de matriculados para poder salir adelante. Si una propuesta no alcanza ese suelo de inscritos, la convocatoria se cae, el presupuesto no se ejecuta y la línea se abandona. Si los cursos de autoayuda pedagógica y dinámicas de plastilina se repiten curso tras curso en el catálogo, es porque los claustros los llenan en cuestión de minutos.

Aceptémoslo. El sistema de sexenios (no solo él) ha creado un mercado cautivo del mínimo esfuerzo. Hay una parte importante del colectivo que busca la vía rápida para cumplir el trámite de las horas. Busca cursos donde no se exija leer legislación, donde no haya que enfrentarse a nada complejo y donde basten cuatro clics para obtener el certificado que asegura el complemento salarial.

Se genera así un círculo perverso donde la administración ofrece contenido blanco que no le genera problemas laborales, un sector del profesorado consume ese contenido para acumular créditos sin dolor y la industria de los ponentes de salón hace su agosto particular.

Un docente que no conoce el marco legal en el que trabaja es un profesional indefenso. Está expuesto a asumir riesgos civiles y penales que no le corresponden, a acatar órdenes irregulares por miedo a la Inspección y a quedarse sin argumentos cuando se trata de defender la exigencia y el nivel en su propia aula.

Haber visto el sistema por dentro no me hizo cínico, pero sí me quitó la ingenuidad. La transformación de la escuela no vendrá de una gran reforma ni de un catálogo milagroso enviado desde la Consejería. Empezará el día en que la trinchera del aula exija formación seria sobre lo que de verdad importa.

Y eso empieza por una decisión tan simple como firme. La próxima vez que aparezca en el catálogo un curso vacío de autoayuda para rellenar expediente, deja la plaza libre. La dignidad de nuestro trabajo empieza por el respeto a lo que decidimos aprender.

Quizás fui un mal responsable de formación docente. Quizás tampoco pude hacer lo que me hubiera gustado hacer pero, de lo que estoy más orgulloso, aparte del equipo que dejé, es de un intento de cambiar el modelo. Un intento de cambio, con errores y espero que con algún acierto. Eso sí, muy feliz de haber hecho algo que ya os contaré en algún momento, exigiéndome mucho esfuerzo personal y del equipo, consiguió dejar ciertos aspectos bastante mejor de lo que estaban.

Finalmente deciros que solo hay un tema que no me gustó nada de mi paso por ahí. El perder el tiempo yendo a lugares donde, después de tener que planchar una camisa y ponerse uno una americana, no se solucionaba nada y solo sirven para algo que a algunos les gusta mucho… hacerse la foto.

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