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Mano dura contra la FP privada de bajo comercial mientras la pública imparte Mecánica sin motores

El Ministerio acaba de sacar pecho anunciando a bombo y platillo un nuevo Real Decreto para apretarle los tornillos a la Formación Profesional privada (enlace). Exigirán un porcentaje mínimo de presencialidad, un suelo de recursos materiales reales y la garantía de que si una academia imparte el ciclo de Automoción, no lo haga en un bajo comercial sin ventilación y con maquetas de cartón, sino con motores de verdad, fosos de taller y herramientas homologadas.

A primera vista, la medida es irreprochable. Es más. Es urgente. En los últimos años hemos visto florecer un negocio multimillonario de chiringuitos de FP privada -muchos de ellos amparados por fondos de inversión o empresas que nada tienen que ver con la educación- que despachan títulos oficiales a precio de oro dentro de locales sin luz natural, con simuladores digitales de saldo y plataformas online que son poco más que un repositorio de archivos PDF. Sanear ese mercado y controlar qué demonios se está habilitando para expedir títulos oficiales es una obligación elemental del Estado.

El problema del Ministerio no es lo que exige a la privada. El problema es el cinismo hipócrita de no aplicarse exactamente el mismo cuento en la red pública.

Si la Ministra o los Consejeros responsables del ramo enviaran a la Inspección Educativa a hacer la misma auditoría implacable en los centros públicos que la que promete para las academias privadas, el escándalo sacudiría los cimientos del sistema.

Porque mientras nos rasgamos las vestiduras con los motores de la privada, en la FP pública llevamos años encubriendo una realidad sangrante. Existen decenas de ciclos formativos que se imparten por profesorado que jamás ha trabajado un solo día en el sector productivo de la materia que enseña.

La rigidez del sistema de acceso a la función pública y las atribuciones docentes de las especialidades permiten auténticos despropósitos. Titulaciones universitarias genéricas habilitan para impartir módulos hiperespecializados de los que el docente no tiene la menor idea práctica. Vemos a profesores recién incorporados a la especialidad leyendo el libro de texto la noche antes para poder explicar al día siguiente cómo se programa un autómata industrial, cómo se gestiona una base de datos compleja o cómo se opera con maquinaria de última generación.

Hay en la FP pública profesionales extraordinarios, especialistas con una vocación gigantesca que hacen auténticos encajes de bolillos con presupuestos miserables. Pero tapar que hay una bolsa colosal de improvisación, donde la impartición de ciertos módulos es un simple acto de supervivencia del docente frente al temario, es una falta de respeto al alumnado.

El Real Decreto pone el foco en la baja calidad de la FP online privada, denunciando que se ha convertido en una fábrica de expedición de títulos sin garantías prácticas. De acuerdo. Pero, ¿alguien se ha parado a auditar la FP online y semipresencial que ofrecen los centros públicos?

Aulas virtuales obsoletas, tutores desbordados que atienden a cientos de alumnos por pantalla sin tiempo material para corregir una sola práctica a fondo, evaluaciones a distancia que son un puro trámite burocrático y una falta sangrante de horas de taller real. Si la enseñanza telemática de la FP privada exige un porcentaje mínimo de presencialidad y control de calidad, que la pública aplique el mismo rasero y ponga los recursos sobre la mesa. Lo contrario no es defender la educación pública. Es usar la bandera de la pública para esconder sus propias vergüenzas.

Hay un error de fondo aún más grave en la política educativa de la FP, tanto pública como privada. Se sigue tratando a la Formación Profesional como si fuera una vía académica tradicional o un catálogo de microespecialidades de diseño para las necesidades de una empresa concreta que dentro de tres años habrá cambiado de tecnología.

A ver si nos enteramos de una vez: la FP no es una carrera académica, es una vía profesionalizadora. En un mercado laboral cada vez más volátil y complejo, la hiperespecialización prematura es una trampa mortal. Crear títulos hiperfragmentados para aprender a manejar el software X o la herramienta Y condena al graduado a la obsolescencia en cuanto la industria cambia de proveedor.

Lo que la FP necesita -exactamente igual que la Universidad- son titulaciones más generalistas, con sólidas bases técnicas, científicas y de razonamiento práctico, que permitan al trabajador adaptarse a distintas tecnologías a lo largo de su vida laboral. Educar para el oficio, no para el botón de una máquina concreta.

Defender la escuela y la FP pública no consiste en aplaudir los comunicados de prensa del Ministerio ni en hacer la vista gorda ante la falta de medios, la ineptitud en la asignación de plazas o el vaciamiento de contenidos.

La verdadera defensa de la educación pública exige una evaluación exhaustiva, transparente y sin complejos de la propia red pública. Exige auditar qué talleres tienen equipamiento del siglo XXI y cuáles siguen con maquinaria de los años sesenta. Exige revisar qué especialidades docentes necesitan actualización urgente en la empresa real. Exige garantizar que el título público valga por lo que el alumno sabe hacer a pie de taller, no por el sello oficial del certificado.

Que aprieten a la privada todo lo que haga falta para cerrar los chiringuitos de bajo comercial. Pero que no nos vendan milongas. Si la pública no se somete a la misma exigencia de rigor, recursos y evaluación, el naufragio de la FP seguirá siendo el mismo, solo que con el logotipo institucional estampado en la portada y con más defensa ideológica que criterios técnicos que mejorarían la calidad de la misma.

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