Los planes de choque en educación siempre acaban en chapuza

Ayer lanzaba en X una pregunta incómoda en medio del enésimo alboroto político por los malos resultados de PISA. Y era una pregunta que me surge debido a la publicación de planes de choque masivos, tanto por parte del Ministerio de Educación como por parte de todas las Consejerías del ramo autonómicas.


Cada vez que un informe internacional destapa las vergüenzas de la comprensión lectora, cuando las pruebas de acceso a la universidad constatan la devaluación de contenidos o cuando una estadística sobre matemáticas hace saltar las alarmas, la reacción de los responsables de Educación de turno es idéntica en todas las comunidades autónomas, da igual el color del partido que gobierne.

En menos de cuarenta y ocho horas se saca del cajón un plan de choque de emergencia, bautizado con un nombre pomposo, preñado de neolengua pedagógica y empaquetado para abrir el telediario de la noche y hacerse cientos de fotos para los medios.

Lo de menos es si el plan tiene pies y cabeza. Lo de menos es si hay evidencia científica que lo ampare, si los recursos humanos van a llegar a los centros o si la medida es técnicamente realizable a pie de aula. Lo único que cuenta es apagar el fuego mediático hoy, aunque la chapuza improvisada incendie los centros educativos mañana.

Cualquier intervención seria en un sistema complejo como la educación pública exige diagnóstico, pilotaje, evaluación de impacto y ajuste técnico. Diseñar una medida de comprensión lectora, un refuerzo de matemáticas o una reestructuración de la atención a la diversidad no se hace a golpe de tuit gubernamental en una tarde de pánico institucional.

Exige analizar la evidencia empírica disponible, estudiar qué ha funcionado en otros contextos bajo condiciones similares y, sobre todo, trabajar codo con codo durante un curso entero con quienes van a ejecutar la medida en las aulas.

Pero claro, trabajar durante un curso escolar sin hacer ruido no da titulares inmediatos. No permite al político de turno salir a decir que ya está actuando con firmeza. Preferimos la política del anuncio bomba. Lanzar instrucciones precipitadas a mitad de trimestre, saturar a los equipos directivos con nuevas instrucciones contradictorias a las ocho de la mañana de un lunes y obligar al profesorado a improvisar adaptaciones sin pies ni cabeza para cumplir el expediente.

A los tres meses, cuando el foco mediático ha cambiado de tema, el plan de choque languidece en un cajón, la partida presupuestaria se ha evaporado en consultorías externas y el problema de fondo del alumnado sigue intacto o ha empeorado.

Quienes hemos estado dentro de las tripas de la administración sabemos perfectamente cómo se cocinan estas ocurrencias de urgencia. Un asesor redacta un borrador deprisa y corriendo sin consultar un solo informe riguroso, se salta la interlocución con los centros y se dicta una resolución con lagunas jurídicas y pedagógicas sangrantes.

Luego son los docentes a pie de aula los que tienen que dar la cara ante las familias para explicar por qué el famoso plan de refuerzo anunciado en la televisión consiste, en realidad, en juntar a treinta chavales de distintos niveles en un aula sin desdobles ni especialistas porque no hay dotación plantilla real detrás.

Llamar a la calma, pedir un año de trabajo riguroso, exigir que las medidas salgan técnicamente impecables y contrastadas por la evidencia científica parece hoy una postura revolucionaria. Pero es, simplemente, la única forma honesta de defender la escuela.

Deberíamos hacer las cosas bien, con datos, con tiempo y como tocan. En caso contrario, que es lo que parece que está sucediendo de nuevo, seguiremos coleccionando planes de choque mientras la calidad de la enseñanza se desmorona por las prisas de la foto y las futuras elecciones.

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