La gran paradoja del sistema educativo… más dinero que nunca y los peores resultados de la historia

Si uno escucha los discursos oficiales de las Consejerías de Educación o lee las notas de prensa del Ministerio, la conclusión parece obvia… estamos en la edad de oro de la educación pública. Nos bombardean un día sí y otro también con titulares triunfalistas que presumen de récords históricos. Y es verdad, no son cifras inventadas ni propaganda. Son los propios datos oficiales del Ministerio de Educación que recopila de las diferentes Consejerías (enlace).

La inversión por alumno y año está en máximos históricos. Hay más docentes que nunca contratados en el sistema público. Las ratios medias en las aulas han bajado significativamente en la última década. Las reducciones horarias para el profesorado y la proliferación de coordinaciones retribuidas no paran de crecer. Las plantillas de asesores, liberados, expertos en formación y personal de despacho que gestiona la educación en las delegaciones territoriales, las Consejerías y el Ministerio roza cifras astronómicas.

Sobre el papel, tenemos la máquina mejor engrasada, más financiada y con más personal de la historia de nuestra democracia.

Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad y se publican los resultados de cualquier evaluación externa -se llame PISA, TIMSS, PIRLS o las propias pruebas de diagnóstico-, el choque con la realidad es demoledor. La comprensión lectora se hunde, la competencia matemática cae en picado y la capacidad de concentración del alumnado está bajo mínimos.

¿Cómo es posible que inyectando más recursos que nunca el resultado final sea cada vez más deficiente? ¿Dónde se está perdiendo el agua de esa manguera presupuestaria?

La respuesta a esta gran paradoja es tan sencilla como incómoda para mucha gente. Hemos confundido gastar más dinero con educar mejor, y hemos financiado la burocracia en lugar de proteger el conocimiento.

Una parte sustancial de esa inversión récord no ha ido a parar a reforzar el rigor académico, a dotar de autoridad al docente o a garantizar que en las aulas se pueda trabajar en silencio y con concentración. No. El dinero se ha evaporado por el camino en tres grandes agujeros negros:

1. La industria del papeleo y la neolengua. Una parte ingente del presupuesto y de las horas lectivas se va en alimentar la maquinaria burocrática de la última ley educativa. Horas y horas de profesores y asesores dedicadas a redactar situaciones de aprendizaje, rellenar rúbricas multidimensionales infinitas y justificar mediante informes de veinte páginas por qué un alumno que no sabe sumar no debe suspender.
2. El ejército de los despachos. Nunca ha habido tantos asesores de formación, coordinadores de bienestar, expertos en innovación y personal en los propios centros educativos alejado del aula directa, gestionando o dando instrucciones sobre cómo se debe dar clase. Gente que lleva años -o décadas- sin pisar un aula real con treinta adolescentes, pero que cobra por diseñar metodologías de colorines que sobre el papel quedan preciosas y en la práctica destrozan el aprendizaje real. Y eso sin entrar en el truño de leyes educativas que se aprueban cada cierto tiempo, con sus desarrollos curriculares, Reales Decretos y normativa autonómica de chichinabo.
3. La chatarra digital de usar y tirar. Millones de euros públicos transferidos directamente a multinacionales tecnológicas para comprar tabletas y licencias digitales que caducan al año, colapsan las redes de los centros y sirven principalmente para que el alumnado se distraiga jugando en red mientras se evapora el hábito de lectura en papel y la escritura manual.

Nos han vendido la moto de que para democratizar la educación había que eliminar la exigencia, erradicar el esfuerzo, regalar los aprobados y convertir el aula en un espacio de entretenimiento donde el contenido es lo de menos y lo importante es fluir.

El resultado de este experimento pedagógico está a la vista de todos en las estadísticas del propio Ministerio. Tenemos más profesores cansados de hacer de administrativos, más asesores dictando dogmas desde oficinas climatizadas y alumnos que salen de la etapa obligatoria con vacíos culturales escalofriantes.

Meter más dinero en un sistema cuyas premisas pedagógicas están completamente averiadas no arregla el problema… solo lo hace más caro. Mientras la administración siga priorizando la propaganda, el aprobado por decreto y la burocracia sobre el conocimiento y el rigor académico, las evaluaciones externas, tanto autonómicas, nacionales como internacionales seguirán sacándonos los colores.

No es cuestión de recursos, es cuestión de criterio. Y de eso, por mucho presupuesto que apruebe el Consejo de Ministros, en los gabinetes andan bajo mínimos.

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