Comunidades de Aprendizaje (CdA): otro dogma pedagógico que no admite crítica

Hay textos que no buscan debatir, sino intimidar. No argumentan, sacralizan. No contrastan, moralizan. El artículo que pretende defender las Comunidades de Aprendizaje comparando su cuestionamiento con invasiones militares, genocidios o el franquismo no es una defensa pedagógica, sino un ejercicio de propaganda emocional que busca blindar un proyecto educativo a base de exageración y culpa.

Comparar la crítica a un modelo pedagógico con la invasión de un país, con una masacre o con el deseo de una dictadura no es solo una hipérbole desafortunada. Es una indecencia intelectual. No fortalece ninguna idea, no mejora ningún argumento y no honra a ninguna comunidad educativa. Solo revela hasta qué punto se ha renunciado al debate racional para refugiarse en el chantaje moral.

Cuestionar un proyecto educativo no es violencia. Pedir explicaciones no es exclusión. Exigir transparencia no es atacar a docentes, familias o alumnado. Y, desde luego, no es franquismo. La pedagogía no es una religión y ningún modelo debería situarse fuera del alcance de la crítica profesional. Cuando se hace, deja de ser pedagogía para convertirse en dogma.

Uno de los recursos más tramposos del texto es insinuar que criticar las Comunidades de Aprendizaje equivale a ir contra la inclusión, contra la mejora de resultados o contra el acceso al conocimiento. Esa apropiación de valores universales es profundamente deshonesta. La inclusión no pertenece a ninguna metodología concreta. Hay miles de centros y docentes comprometidos con la equidad y la justicia social que no aplican CdA, que discrepan de sus planteamientos o que señalan sus límites sin que por ello sean enemigos de la educación pública.

Reducir el debate a una dicotomía moral infantil -o estás con nosotros o estás contra la humanidad- no protege a la comunidad educativa. La empobrece.

El texto también despacha como «injustas» las denuncias y críticas dirigidas a Ramón Flecha y al CREA, y llega al extremo de comparar el hecho de señalarlas con desear invasiones o dictaduras. Aquí la exageración alcanza niveles difíciles de describir sin sonrojo. No hablamos de rumores ni de ataques ideológicos sin base, sino de informaciones, testimonios y denuncias que han sido recogidas y discutidas públicamente y que han generado una preocupación legítima en ámbitos académicos y educativos.

Denunciar posibles prácticas graves cuando existen indicios, pruebas y personas afectadas no es odio, ni destrucción, ni violencia simbólica. Es un derecho democrático básico. Comparar ese ejercicio con una invasión militar o con el franquismo es una barbaridad retórica que trivializa tanto los hechos denunciados como los crímenes históricos que se invocan para silenciar la crítica. No tengo palabras amables para describirlo, porque no las merece.

Apelar a «toneladas de datos» tampoco sustituye al debate serio. En educación no basta con afirmar que hay resultados. Importa cómo se obtienen, quién los evalúa, con qué metodología, con qué controles externos y con qué disposición real a aceptar la discrepancia. Cuando un proyecto responde a las preguntas incómodas elevando el tono moral y descalificando a quien duda, lo que muestra no es fortaleza científica, sino fragilidad discursiva.

No es respeto impedir la crítica. No es inclusión expulsar al disidente del marco moral aceptable. No es pedagogía comparar el desacuerdo profesional con la guerra o la dictadura. La educación avanza con debate, con contraste y con pensamiento crítico, no con consignas ni con blindajes emocionales.

Cuestionar no es destruir. Pensar no es atacar. Discrepar no es odiar. Y si un proyecto educativo necesita recurrir a la hipérbole bélica o al insulto para defenderse, quizá el problema no esté en quienes preguntan, sino en quienes han confundido la pedagogía con un credo y el debate con una amenaza.

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