Los cómplices del naufragio educativo

Es reconfortante vivir instalados en la queja perpetua. El malestar docente es innegable, las administraciones educativas gestionan de pena y las leyes que afectan el aula son un insulto al sentido común. Todo eso es verdad, está tipificado y lo sufrimos a diario. Sin embargo, si de verdad pretendemos frenar la emergencia educativa que asola los centros, no podemos seguir mirando siempre hacia arriba para buscar culpables con el único objetivo de salvar nuestra propia conciencia. Toca encender los fluorescentes del claustro, que en muchas ocasiones parpadean en exceso, mirarnos fijamente al espejo y asumir una certeza incómoda que va a escocer muchísimo. Los docentes también somos cómplices de la degradación del sistema. Por acción, por omisión o por pura comodidad, hemos cedido parcelas de dignidad profesional que jamás debimos entregar.

Sé perfectamente cuál va a ser la respuesta automática de algunos. Activarán el protocolo de la autojustificación colectiva. Dirán que bastante hacemos con lo que tenemos, que somos las víctimas del engranaje, que la culpa es de las ratios, de la falta de recursos y del desinterés de las familias. Esa es la respuesta fácil. Es el escudo perfecto para evitar la rendición de cuentas. Pero utilizar las carencias del sistema como una carta blanca para legitimar la desidia o la sumisión burocrática no es defender la escuela; es ser cómplice de su demolición.

Para medir la degradación moral del colectivo no hace falta mirar las estadísticas ministeriales; basta con observar lo que se ha roto en las tripas de los propios centros en las últimas huelgas en Cataluña y la Comunidad Valenciana. El ambiente laboral en muchos centros educativos se ha vuelto directamente irrespirable, fracturado por un sectarismo y una bajeza de una minoría, pero muy envalentonada, que harían sonrojar a cualquiera. Nadie se salva en este espectáculo dantesco. Por un lado, tenemos a los piquetes morales, iluminados que decidieron que hacer huelga les otorgaba el derecho divino de amedrentar, señalar y amenazar con el ostracismo a los compañeros que, por los motivos que fuera, han decidido no secundarla. El fascismo de pasillo camuflado de lucha social.

Por el otro lado, la contrapartida es igual de lamentable. Una minoría de esquiroles silenciosos que supuestamente compartían la movilización de boquilla, que han aprovechado el caos de la jornada para no dar clase, cruzarse de brazos en el aula y mirar el móvil mientras los alumnos pierden el día. Actos profesionales nefastos en ambos bandos que han dinamitado puentes de forma irreversible. En muchos centros va a ser imposible recuperar una convivencia mínima de cara a los próximos cursos. Cuando el enemigo ya no está en la conselleria, sino en la mesa de enfrente de la sala de profesores, el sistema ha ganado por goleada. Nos hemos devorado entre nosotros.

A esta miseria moral se le suma una dejadez técnica alarmante. Vivimos instalados en el lamento por la última ley aprobada, pero la cruda realidad es que el profesorado padece un analfabetismo normativo severo. Si los docentes leyéramos más las leyes que nos afectan directamente, estaríamos muchísimo mejor. Así de claro. Conoceríamos al detalle nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones reales (y no aquellas que, por pura inercia o mitología de pasillo, creemos que son obligatorias).

Tener la disciplina de abrir el boletín oficial nos daría las armas necesarias para que, aunque la normativa sea en ocasiones una soberana mierda, no nos colaran ciertos goles ni nos obligaran a creernos ciertas patrañas burocráticas que los equipos directivos o la inspección se sacan de la manga. El miedo al inspector no nace de la ley; nace del desconocimiento de la misma. Al negarnos a estudiar el marco jurídico de nuestro propio oficio, renunciamos a la única defensa legal que tenemos y nos convertimos en siervos voluntarios de cualquier ocurrencia de despacho.

Mientras nos despedazamos por ver quién es más puro, el primer gran error del colectivo sigue ahí. Estoy hablando de la sumisión burocrática voluntaria. Nos quejamos amargamente del papeleo estéril, de las rúbricas infinitas y de los informes defensivos, pero a la hora de la verdad, las salas de profesores se llenan de opositores ejemplares que compiten por ver quién entrega el documento más vistoso y quién cuadra antes las casillas de la aplicación informática de turno. Hemos sustituido el orgullo de dominar una materia por el orgullo de tener la documentación en regla. Al acatar sin rechistar normativas absurdamente complejas por el simple miedo a buscarse problemas, el propio docente ha legitimado la farsa. La burocracia se alimenta de nuestra docilidad; si el papeleo entierra la enseñanza, es porque nosotros sostenemos la pala.

La autocrítica debe ir al hueso de la práctica diaria, por mucho que levante ampollas. Parte del profesorado ha abdicado del rigor intelectual para abrazar con entusiasmo el postureo metodológico más plano. Para evitar el conflicto con unas familias hiperprotectoras o con alumnos adictos a la pantalla, se ha optado por la vía del mínimo esfuerzo. Se han rebajado los niveles, inflado las notas y convertido la clase en una timba de juegos cooperativos donde nadie se frustra pero nadie aprende. Pasar el examen por imperativo estadístico y mirar hacia otro lado para no complicarse la vida con reclamaciones no es empatía; es cobardía laboral y desprecio hacia el futuro de los chavales.

Todos los que pisamos o hemos pisado durante décadas un centro, especialmente si hemos tenido la (mala) suerte de haber vagabundeado por varios, sabemos perfectamente que existen perfiles que arrastran los pies, que entran al aula a cubrir el expediente con apuntes amarillentos de hace tres décadas y cuya incompetencia técnica o desidia cronificada es un secreto a voces en el claustro. El silencio cómplice ante el compañero que no trabaja o que trata el aula como un trámite administrativo es una falta de respeto hacia los miles de docentes que se dejan la salud en la tarima. Defender al colectivo no significa defender al vago; significa exigir que la permanencia en la docencia esté vinculada a un desempeño laboral y mental impecable.

No podemos exigir respeto a la sociedad si nosotros mismos tratamos nuestro oficio como una mera gestoría de aprobados y nuestros centros como campos de batalla tribales. La dignidad de la tarima no se mendiga solo en los despachos de la conselleria; se conquista dentro del centro plantando cara a las ocurrencias pedagógicas, manteniendo el listón del conocimiento alto y desterrando el miedo al conflicto. Si la escuela se está convirtiendo en un parque de atracciones burocrático y cínico, la culpa no es solo del político que firma el decreto. Es hora de asumir nuestra parte de responsabilidad, romper el corporativismo cobarde y recuperar el orgullo de ser docentes, no meros tramitadores de la nada.

Ya sé que, como siempre sucede cuando hablo de temas cuestionando ciertas cosas, que más de uno me va a responder realizando ataques personales o, simplemente, diciendo que ahora no estoy en el aula (aunque haya estado mucho más tiempo en ellas que muchos de los que me lo dicen). Ya estoy curado de ciertas cosas y, al igual que he hecho a lo largo de toda mi vida, he opinado siempre dando la cara, con nombre y apellidos. Jamás me amedrentado ni he dejado que me amedrenten. Jamás me han comprado ni he dejado que me compren. Algo que me ha permitido dormir muy bien (mi insomnio nada tiene que ver con cuestiones profesionales), conocer cómo funcionan las cosas y haber sufrido algunas cosas en mi propia piel que me han hecho mucho más fuerte y sabiendo a quién quiero a mi lado y a quién no. He aprendido a hostias que el tiempo es finito y no hay que malgastarlo.

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