Fichar a las ocho y salir a las tres… otra de las propuestas educativas de esas que pongo sobre la mesa

Existe un debate eterno, rancio y preñado de cuñadismo social que cíclicamente salta a los medios de comunicación. Me estoy refiriendo al relato de cuánto trabaja realmente un docente. Para la opinión pública indocumentada, el docente es un privilegiado que vive en unas vacaciones permanentes con un horario de risa. Para el relato corporativo de trinchera, cada profesor echa ochenta horas semanales al borde del colapso. Es una guerra de trincheras dialéctica basada en impresiones y victimismos. Sin embargo, existe una forma matemática, higiénica y definitiva de acabar con este debate de una vez por todas. Una auténtica prueba del algodón. Me estoy refiriendo a la propuesta de que las 37,5 horas de horario laboral a la semana se cumplan escrupulosamente dentro de los centros educativos, y que no se mueva un solo papel, ni se corrija un examen, ni se responda un correo en casa.

Si se implementara esta medida de forma estricta, se desmoronarían de golpe los dimes y diretes entre unos y otros. Sería el baño de realidad definitivo. Si tras cumplir las horas presenciales el trabajo no saliera, los docentes ganarían la batalla de la opinión pública para siempre y demostrarían con datos que su jornada es real, dura y medible. Si, por el contrario, las tardes libres demostraran que el trabajo efectivo no llega a lo estipulado por ley, se acabaría el victimismo de pasillo. Pero para que este experimento de honestidad laboral funcione, la administración tendría que dejar de comportarse como una gestoría low cost y asumir la contrapartida lógica. Me estoy refiriendo a adecuar los centros educativos a la realidad del siglo XXI y a un modelo que permitiera el trabajo real del docente en condiciones.

Pretenden que seamos profesionales de la educación, pero nos obligan a trabajar en condiciones de precariedad de inicios de la revolución industrial. Si el docente debe cumplir su jornada íntegra en el centro, la administración tiene la obligación legal de dotar a cada profesional de un ordenador portátil corporativo y de un espacio de trabajo digno, con conectividad real y mesas individuales, no esa ratonera común que suele ser la sala de profesores, donde conviven el café, las fotocopias y el ruido. Sería de un cinismo insoportable exigir presencialidad mientras el docente tiene que poner de su propio bolsillo el ordenador, la conexión a internet de su casa y la luz nocturna para corregir las deficiencias de un sistema rácano.

El segundo pilar de esta revolución operativa es la gestión del tiempo, hoy secuestrado por la reunionitis más absoluta. Si estamos atrapados en el centro hasta cumplir las 37,5 horas, la administración y los equipos directivos se verían obligados, por pura supervivencia, a gestionar mejor las reuniones, haciéndolas útiles, ejecutivas y con un orden del día que no consista en leer un documento que ya nos han enviado por correo. Se acabarían los claustros eternos de tres horas donde se debate sobre el sexo de los ángeles pedagógicos. El tiempo pasaría a ser un recurso caro y escaso, y la burocracia defensiva caería por su propio peso al no haber tardes libres en casa para engordar los informes que nadie lee.

La otra gran mentira que sostiene el voluntarismo del gremio es la formación continua. Parece que para estar al día hay que regalar muchas tardes en cursos de dudosa utilidad o hacer webinars nocturnos mientras se prepara la cena. No. Si la formación es una obligación laboral, debe encajar obligatoriamente dentro de esas 37,5 horas. Una estructura racional del calendario permitiría, por ejemplo, reservar una semana completa de formación en cada centro educativo a lo largo del año, integrada en el horario laboral presencial, bien planificada y adaptada a las necesidades reales del claustro y de la función docente.

Plantear la jornada presencial estricta e inflexible de 37,5 horas dentro del centro educativo es la propuesta más constructiva y, a la vez, la que más pánico genera. Le da pánico a la administración, porque digitalizar y adecuar las infraestructuras para que miles de profesores tengan un puesto de trabajo real costaría dinero que prefieren gastar en propaganda. Y le da pánico a una parte del profesorado, porque el teletrabajo encubierto y descontrolado de las tardes en casa es el peaje que aceptan pagar a cambio de mantener una flexibilidad horaria que les resulta cómoda.

Dejemos de jugar al escondite. Firmemos la paz laboral basándonos en el reloj del centro. Menos mística de la vocación nocturna, menos demagogia social sobre las vacaciones y más rigor contractual. La profesión se dignifica fichando en la entrada y dejando el ordenador en la taquilla al salir. Todo lo demás es complicidad con la precariedad.

Este que planteo hoy es un debate que en algún momento deberá abrirse. Estamos hablando de un relato educativo que ya dura demasiado y que debemos cerrar de una vez por todas. Un debate que obligaría a hablar de datos en lugar de relatos. Y eso es algo que, a demasiadas personas, cuando hablan de educación, no les gusta porque les jodería su falso argumentario. Y sí, antes de que me lo preguntéis… todo el horario extra de esas 37,5 horas, que incluyen salidas y demás cuestiones debería, o bien abonarse aparte de la nómina, o bien compensarse en horario. Añado, por cierto, que lo de ocho a tres sería adaptable para los docentes de horario de tarde.

Estoy muy cansado de debates estériles en educación. Solucionemos los debates interesados, tomemos medidas radicales  y démosles solución después de ver lo que realmente sucede después de aplicar ciertas cosas.

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