14 puñaladas a la educación

Esta mañana me he despertado, después de una noche cálida de sudores intensos, pensando en cuáles son las cosas que han desmantelado la educación en las últimas décadas. Quizás no haya puesto lo de décadas en el título porque, al final, hay cosas que sean endémicas del propio sistema educativo de nuestro país desde su creación. Cosas que, además, si uno mira más allá de su óptica sesgada, tienen más que ver con cuestiones exógenas que con peticiones de los docentes o necesidades del alumnado.

Se trata de una mirada retrospectiva para señalar los pecados capitales, las decisiones políticas y normativas que, disfrazadas de modernidad y progreso, que han convertido la escuela en una gestoría de la resignación. Así que, si me permitís, voy a enumerar catorce cosas (podrían haber sido muchas más) que, al menos para mí, han desmantelado la educación.

El traslado forzoso del alumnado de doce años a los institutos.

Una de las mayores negligencias de la historia educativa fue la eliminación de la EGB y el traslado forzoso de los alumnos de séptimo y octavo de Primaria (los actuales primero y segundo de la ESO) a los institutos. Se arrancó a niños de doce años del entorno protector del colegio para meterlos de golpe en la selva de los institutos, conviviendo en los patios con adultos de dieciocho o veinte años. El resultado fue inmediato. Un colapso absoluto de la convivencia, la infantilización obligada de la Secundaria y la conversión de los institutos en centros de custodia donde los docentes pasaron de hacer de cuidadores de una guardería hormonal a impartir su materia en condiciones extremas. Y si me permitís, estando relacionado con este cambio estructural, lo de eliminar los centros específicos de FP (que ahora se intentan recuperar en algunas Comunidades) fue otra de las barbaridades que nos trajo la maravillosa LOGSE.

El uso de la lengua como arma arrojadiza.

En los territorios con lenguas cooficiales, la educación ha dejado de ser un vehículo de transmisión cultural para convertirse en un campo de batalla ideológico y de ingeniería social. Las sucesivas administraciones han utilizado los decretos de plurilingüismo no para que los alumnos dominen más lenguas, sino para imponer fronteras identitarias en el aula. Se ha arrastrado la lengua a la arena política, persiguiendo porcentajes absurdos de espaldas a la realidad sociolingüística de los barrios y convirtiendo los proyectos lingüísticos de centro en un laberinto burocrático. El resultado es un profesorado fiscalizado, familias enfrentadas y un alumnado que, a menudo, domina peor los registros formales y académicos de ambas lenguas oficiales. Si algunas administraciones pasaran más tiempo dedicadas a implementar y evaluar acciones pedagógicas y menos a hacer política nos iría bastante mejor. Por cierto, la mejor lengua para el aprendizaje es la lengua materna. Algo que algunos parecen haber olvidado.

El colapso de la integración migratoria.

Sé que me meto en un jardín tremendo, pero callar es de cobardes. La gestión de la llegada masiva de alumnado inmigrante ha sido uno de los mayores fracasos sistémicos de las últimas décadas porque se ha abordado desde el buenismo multicultural y no desde el realismo de la trinchera. La administración ha escolarizado a miles de alumnos con nulo conocimiento de los idiomas oficiales, desfases curriculares sangrantes de varios cursos y, en ocasiones, con dinámicas de choque cultural severas, metiéndolos de golpe en el aula ordinaria. No se ha sabido -ni se ha querido- integrarlos ni a nivel social ni educativo. En lugar de dotar de aulas de acogida potentes, inmersiones lingüísticas aceleradas e itinerarios realistas, se ha optado por diluir el nivel del grupo para que nadie se sienta excluido. El resultado es una segregación encubierta de facto que cronifica la guetización de los centros públicos y desborda a unos docentes que no tienen herramientas de mediación ni recursos específicos.

El despropósito de las Facultades de Magisterio.

Las Facultades de Magisterio se han convertido, salvo honrosas excepciones, en el eslabón más débil de la cadena. Se ha devaluado el contenido hasta límites sonrojantes, sustituyendo el rigor académico, la psicología del desarrollo y el dominio profundo de las materias por asignaturas vacías sobre inteligencia emocional, dinámicas de grupo de parvulario y PowerPoints repletos de jerga vacía. Salen de la universidad sabiendo diseñar murales colaborativos en Canva, pero siendo analfabetos normativos ante la ley escolar y sin saber cómo gestionar la disciplina en un aula. Un detalle… ¿alguien se plantea en algún momento que, entre la pública y la concertada, estamos sacando al mercado cien veces más titulados en Magisterio de los que se necesitarán en las aulas en una década, especialmente con la caída demográfica y el vaciado de las aulas que ya se empieza a dar?

La proliferación de los think tanks pedagógicos.

La administración educativa ha renunciado a escuchar a los profesores que pisan el aula para arrodillarse ante fundaciones bancarias, entidades privadas y think tanks nocivos con agendas ideológicas y de mercado muy claras. Estos laboratorios de opinión, formados por tecnócratas que jamás han dado clase a las ocho de la mañana en un barrio obrero, son los que proponen cosas auténticamente demoledoras para la escuela. Venden su humo metodológico para justificar subvenciones y prebendas, mientras la administración compra sus ocurrencias para salir en el telediario porque, no lo olvidemos, hay think tanks que tienen inversiones en determinados medios de comunicación.

La digitalización salvaje de las aulas.

La incorporación de la tecnología en las aulas se ha hecho a base de impulsos políticos y contratos millonarios con multinacionales, sin ningún tipo de planificación estratégica ni aval científico. Se han llenado las aulas de tablets y ordenadores simplemente para colgar el cartel de centro digitalizado, sustituyendo el papel y el bolígrafo por el picoteo hipertextual y la distracción sistemática. El resultado es catastrófico. Una caída en picado de la capacidad de concentración, alumnos incapaces de leer tres páginas seguidas y centros que ahora tienen que gastar dinero en programas para revertir la adicción a las pantallas que el Ministerio y las Consejerías habían financiado.

La proliferación absurda de asignaturas.

Hemos convertido los planes de estudio en un supermercado de materias fragmentadas de una o dos horas semanales. Para quedar bien con todos los colectivos y modas del momento, las leyes han ido troceando el horario escolar, reduciendo las horas de Matemáticas, Lengua o Historia para meter asignaturas con nombres rimbombantes que cambian cada poco tiempo. Al fragmentar el saber en píldoras inconexas, se imposibilita el aprendizaje profundo y el rigor intelectual, convirtiendo el horario del alumno en un sinsentido de asignaturas florero que solo sirven para cuadrar las plantillas de los departamentos.

El fin del examen de septiembre y la cultura del aprobado por decreto.

La eliminación de las convocatorias extraordinarias no fue una medida para reducir el estrés del alumnado; fue una burda maniobra estadística para maquillar las tasas de abandono. Al hurtar al alumno la responsabilidad de recuperar su retraso mediante el esfuerzo estival, se ha institucionalizado la ley del mínimo esfuerzo. Hoy, suspender es una anomalía administrativa tan perseguida que el sistema empuja al aprobado generalizado encubierto.

El infierno burocrático de la evaluación competencial.

La transformación de calificar en una ingeniería burocrática de algoritmos, descriptores operativos y rúbricas infinitas ha despojado al docente de su criterio profesional. Ya no se evalúa si un alumno sabe o no sabe; se evalúa si el profesor ha rellenado correctamente el programa informático de la Consejería. El resultado es un profesorado asfixiado por el papeleo defensivo que pasa más horas justificando notas que preparando las clases.

La inclusión low cost y el desamparo del aula ordinaria.

Vender una inclusión idílica sobre el papel mientras se cierran centros específicos y se recortan las horas de PT, AL y educadores es de un cinismo criminal. Meter en un aula masificada de treinta alumnos a perfiles con desfases severos o trastornos graves de conducta sin dotar del recurso de un segundo profesor de apoyo es una estafa doble. Se abandona al alumno con necesidades reales y se dinamita el ritmo de aprendizaje del resto del grupo. Y sí, en ocasiones también debe plantearse la atención de determinado alumnado en centros específicos o apoyos fuera del aula. Algo que algunos no quieren entender porque no es políticamente correcto salvo, claro está, en los centros educativos en los que estudian los hijos de los que deciden.

El descrédito absoluto de la autoridad del docente.

Haber despojado al profesor de la presunción de veracidad y de las herramientas disciplinarias efectivas ha convertido las aulas en entornos de alta toxicidad conductual. Hoy, aplicar el reglamento ante una falta de respeto o un boicot sistemático de la clase implica enfrentarse a un calvario de expedientes, informes justificativos y, a menudo, a la hostilidad de la propia administración, que prefiere al director sumiso que oculta el conflicto bajo la alfombra antes que proteger al trabajador.

La promoción automática.

Hacer que repetir curso sea una excepción kafkiana que exige la unanimidad de un tribunal y toneladas de justificación ha convertido la promoción en un trámite administrativo independiente del rendimiento. Pasar de curso con tres y cuatro materias suspendidas no es compasión; es un fraude social. Se rompe el valor del mérito como única vía de ascenso social para las familias vulnerables y se condena al alumno a arrastrar lagunas insalvables hasta el colapso final.

El despilfarro burocrático.

Mantener, por ejemplo, a profesionales del Grupo A, con sus correspondientes trienios y reducciones de horas lectivas, gestionando el mantenimiento de la calefacción, tramitando becas de comedor o pidiendo presupuestos de folios es un delirio organizativo. Que las secretarías de los centros no estén asumidas por un cuerpo específico de gestores de la función pública demuestra la cobardía de una administración que prefiere quemar el talento docente en la burocracia antes que profesionalizar la gestión económica. Y esto es solo un ejemplo al que podríamos añadir los coordinadores TIC, coordinadores de bienestar emocional, etc. que hay en los centros educativos.

La politización sectaria de las leyes educativas.

Nueve leyes orgánicas en democracia demuestran que la educación en España no es un proyecto de Estado, sino un botín ideológico de partido. Cada vez que cambia el gobierno o entra un sector que quiere dejar su huella maloliente en el sistema educativo, se desmonta lo anterior, se cambia el nombre de las asignaturas, se inventan siglas nuevas (LOGSE, LOE, LOMCE, LOMLOE) y se obliga al profesorado a realizar un curso de reciclaje lingüístico para aprender la nueva jerga del Ministerio. Una inestabilidad crónica que destruye la moral del claustro y confunde a las familias.

A los apóstoles del buenismo pedagógico, a los ingenieros de la identidad lingüística y a los portavoces de los think tanks de oficina se les atragantará este artículo. Dirán en las redes sociales que este listado es rancio, destructivo o insolidario. Me da exactamente igual. Siempre he dicho que la verdadera destrucción de la escuela se realiza por determinados personajes gracias a la colaboración de quienes no dicen qué está pasando con los que la están destruyendo. No es que antes la escuela funcionara como un templo del conocimiento. Es que ahora funciona como un laboratorio de experimentación, sobreexplotado digitalmente y vacío de contenidos.

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