No, no prohíben Google en los centros educativos daneses

Tengo claro que la gente, cuando leemos una noticia, le damos el sesgo que a nosotros nos interese. Es posible que más de un defensor del software libre en educación haya caído en quedarse con el titular, siempre amarillista y espectacular, de que «Dinamarca prohíbe Google en los centros educativos». Sí, haced una búsqueda en vuestro buscador favorito. Hay cientos de portadas digitales parecidas.

La realidad es que en una población de unos cincuenta mil habitantes, Helsingor, se ha prohibido el uso de Chromebooks y de ciertas aplicaciones de Google en los servicios públicos de esa localidad. Servicios públicos que incluyen los centros educativos. Bueno, no los ha prohibido exactamente. Ha procedido a hacer un vaciado de datos y ha exigido a la multinacional que elimine cualquier tipo de réplica de los mismos que pueda existir en la nube de los mismos.

Es decir, se trata de una sentencia que afecta a menos de 1% de la población danesa. Y no, a día de hoy no existe ningún otro ayuntamiento que tenga sentencia parecida, a pesar de que pueda ser más o menos fácil, gracias a esta primera, conseguirla. ¿La tendrán en un futuro? Pues no tengo una bola de cristal.

Además, si se leen las noticias, se está negociando un acuerdo para este 2022 en el que se va a permitir, aparte del intercambio de datos con el Espacio Europeo de las aplicaciones, también el intercambio de datos con EE.UU. Así que, en nada tenemos blindadas legislativamente a estas multinacionales.

En los centros públicos de la Comunidad Valenciana, al existir un acuerdo con Microsoft, está prohibido el uso de herramientas de otras multinacionales. No se puede usar ni Google Classroom, ni Dropbox, ni servicios de videoconferencia de Zoom, ni… No se puede usar nada que no esté validado por el Delegado de Protección de Datos. Y no se puede validar nada que ya tenga solución dotada por parte de la administración educativa. Es así de simple. Al igual que en Sanidad los datos de los pacientes, como cualquiera que tenga un poco de sentido común comprende, no pueden cogerse e intercambiarse por herramientas que no estén aprobadas por la administración; tampoco debería suceder lo mismo en educación.

Lo mismo que pasa en la Comunidad Valenciana pasa en otros lugares. Hay herramientas validadas que, gustándonos más o menos, son las que deben ser de uso habitual. Los docentes, por desgracia como me decía alguien a quien aprecio, tenemos el problema de querer ir siempre por libre. Y eso es algo que, aunque a veces debamos hacer por el bien de nuestro alumnado, no debería suceder en el uso de determinadas herramientas.

Hay muchos centros educativos usando ilegalmente cuentas de Twitter, Instagram o Facebook. Hay demasiados docentes publicando actividades de su aula en las redes sociales (tanto personales como las de su centro). Hay, cada vez más, TeachTokers más preocupados por publicar cosas de su alumnado que por mantener la privacidad del mismo. Y sí. Lo reconozco. Todo esto sucede por el pasotismo de la inspección (que no hace su función de proteger al alumnado), por las nulas denuncias que deberían hacer las familias por ver cómo se publicitan ciertas cosas de sus hijos en lugares que no toca o, simplemente, por la falta de compañeros que empiecen a denunciar a quienes están haciendo lo anterior en sus centros. El compañerismo empieza en el momento en el que tu compañero hace lo correcto. Hay muchas maneras de hacer lo correcto. No se trata de sancionar estrategias didácticas. Se trata de algo mucho más serio.

Luchar contra molinos de viento es imposible. Proponer alternativas desde cero a determinados servicios que ofrecen determinadas multinacionales, especialmente partiendo de una administración educativa que, por desgracia es obsoleta tanto en forma como en fondo, es muy complicado. Ideológicamente a mí me encantaría que todo fuera público pero, como bien comprenderéis, vivimos en un contexto en el que las cosas no funcionan así. Por tanto, lo mejor siempre es pedir a nuestra administración educativa que sea garante de la privacidad y los datos de nuestro alumnado (¡y de los nuestros!). Pedirle que haga convenios muy bien diseñados que permitan el uso de las mejores herramientas disponibles. Y pedir a los compañeros y centros educativos que, dentro de su falsa autonomía (que no incluye ni comprar dispositivos tecnológicos ni usar determinadas herramientas digitales), estén usando ciertas cosas, que no lo hagan.

Ya veis. He empezado hablando de lo de Dinamarca y he acabado reflexionando acerca de muchas otras cosas. Es lo que tiene la edad.