Los rotos de la tiza

Se debate hasta la extenuación sobre ratios, pantallas, currículo y salud mental del alumnado. Es el protocolo habitual de la corrección política y de titulares de escaparate. Sin embargo, todas las administraciones educativas, sin excepción y sin importar las siglas de turno, mantienen un pacto de silencio cobarde sobre la verdadera emergencia médica del sistema. Y la verdadera emergencia es la salud mental de los docentes.

Las salas de profesores ya no son espacios de debate intelectual ni de intercambio pedagógico; se han convertido en auténticos hospitales de campaña emocionales donde la ansiedad, el insomnio crónico y la depresión se camuflan bajo el café de primera hora, las bromas cínicas de pasillo y un corporativismo rancio que impide hablar abiertamente de lo que verdaderamente importa. Da pánico mirarse al espejo y admitir que el engranaje sigue girando porque hay miles de personas medicadas para poder cruzar la puerta del aula a las ocho de la mañana. Y no es broma. En mis años de aula he conocido muchísimos compañeros y compañeras que solo conseguían dormir con medicación por culpa del trabajo.

Hay que mirar el desastre de frente y sin paños calientes. La docencia en este país no quema por falta de esa mística barata y tramposa llamada vocación; quema por el desgaste puramente biológico de actuar como pararrayos de una sociedad en descomposición. El diseño actual del sistema obliga al docente a entrar a clase pretendiendo impartir su materia con rigor, para terminar ejerciendo de psicólogo de guardia, asistente social, mediador familiar, contenedor de frustraciones y policía de patio. Todo esto mientras cae una lluvia constante de burocracia estéril, informes defensivos y memorias absurdas dictadas desde despachos oficiales donde hace décadas que no se legisla con sentido ni se sufre la temperatura de un aula ingobernable. Exigir empatía infinita y entusiasmo de manual a un profesional al que la administración trata como a un simple número intercambiable en una hoja de cálculo es una hipocresía que está triturando al personal.

Cualquier empresa con muchos menos trabajadores que los que cuenta el colectivo docente cuenta con un servicio de prevención de riesgos laborales digno de ese nombre, protocolos serios de apoyo psicológico ante el desgaste ocupacional y herramientas para medir la carga mental de sus trabajadores. En educación, la respuesta de las consejerías ante un profesional que ha llegado al límite de sus fuerzas siempre es la misma… más rúbricas de control, más burocracia digital para justificar que se está haciendo algo y la sugerencia implícita de que la presión va incluida en la nómina. El sistema funciona triturando carne de cañón a ritmo industrial. Sabe perfectamente que los centros se mantienen abiertos gracias al sobreesfuerzo invisible de una plantilla que paga la paz social del país con bajas psiquiátricas y cajas de ansiolíticos en la mesita de noche.

Pero mientras los papeles estén firmados, las actas subidas a tiempo y las casillas de la aplicación informática de turno aparezcan en verde, a los gestores educativos les da exactamente igual lo que ocurra por dentro del docente. La administración ha perfeccionado un modelo perverso de irresponsabilidad delegada. Si el alumno fracasa o tiene problemas, la culpa es de la falta de innovación del profesor; si el profesor se rompe debido a la presión, la culpa es de su fragilidad personal y de su supuesta incapacidad para gestionar el estrés. Nunca es responsabilidad de las ratios disparadas, ni de la falta de recursos endémica, ni de la desprotección jurídica total frente a las exigencias de algunas familias.

Pero seamos honestos hasta el final, aunque escueza y levante ampollas en los sectores más acomodados del gremio. Reclamar que la administración deje de mirar hacia otro lado con la salud mental no puede ser una carta blanca para el inmovilismo ni un escudo corporativo para evitar la rendición de cuentas. Si exigimos con toda la legitimidad del mundo que el sistema nos cuide, nos dote de recursos reales y nos proteja, tenemos que asumir la contrapartida lógica. Estoy hablando de la necesidad urgente de una evaluación completa, rigurosa y sin complejos de todo el entramado educativo. Y sí, eso incluye evaluar a los docentes.

No se trata de montar una caza de brujas ni de aumentar el papeleo fiscalizador que ya padecemos, sino de implementar una evaluación real a nivel laboral y, sobre todo, mental. El acceso y la permanencia en la función docente no pueden seguir dependiendo exclusivamente de un examen memorístico aprobado hace décadas y de la acumulación inercial de trienios. Necesitamos mecanismos serios que midan si un profesional sigue capacitado para soportar la presión del aula, si mantiene la solvencia técnica y si su salud psicológica está en condiciones de gestionar un grupo de adolescentes sin que ello suponga su propio y destructivo calvario o el perjuicio de los alumnos. Exigir que se evalúe el desempeño y el estado de salud mental de los claustros no es ir en contra del profesorado; es la única forma de separar el grano de la paja, de dignificar a los miles de profesionales que cumplen con excelencia y de proteger, al mismo tiempo, la salud del propio trabajador antes de que el daño sea irreversible.

El problema de fondo es que se ha instalado una manera de funcionar donde parece que el valor de un docente se mide por su capacidad de sufrimiento. Hemos normalizado que lo normal es llevarse el trabajo a casa los fines de semana, que lo saludable es pasar la noche en vela cuadrando criterios de evaluación ininteligibles y que el compromiso se demuestra vaciando la salud en el altar de la burocracia corporativa. Y no. Eso no es rigor; eso es mala gestión sistémica y complicidad con la precariedad. Convertir la pantalla del ordenador en herramienta de tortura nocturna no mejora el aprendizaje de los chavales; solo asegura que al día siguiente se siente en la tarima un profesional exhausto, irritable y al borde del abismo emocional.

Proteger la escuela de verdad significa, obligatoriamente, proteger la salud mental de quien sostiene la tiza. No hacen falta más días mundiales con eslóganes vacíos ni palmaditas condescendientes en la espalda por parte de los políticos en campaña. Hacen falta recursos duros, servicios de atención psicológica independientes y accesibles dentro de los centros, una poda drástica y salvaje de la intendencia burocrática y un respeto sagrado e inflexible a las 37,5 horas semanales de jornada laboral. La desconexión digital al salir del centro no es un capricho laboral ni una muestra de desinterés; es una medida de primeros auxilios sanitarios para evitar el colapso definitivo de los claustros.

Un docente quemado, apático o medicado para poder aguantar una guardia de patio no es un mal profesional que deba ser fiscalizado con más dureza. Es la consecuencia lógica de un engranaje desalmado que exige milagros diarios a cambio de indiferencia institucional. Toca bajar las revoluciones de la exigencia burocrática, bajarse del pedestal del martirio y recuperar la cordura operativa. Nos va la salud, la vida y la dignidad del oficio en ello.

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