El límite no lo marca el gusto, lo marca la función docente

Después del artículo de ayer (enlace), en X se han sucedido las respuestas indignadas. Que si nadie puede decirle a un docente cómo vestir. Que si el Estado no puede meterse en si alguien se ducha o no. Que si los tatuajes son intocables. Que si la libertad individual está por encima de cualquier consideración estética o institucional.

Bien. Voy a llevar el argumento hasta el final. Sin trampas. Sin eufemismos.

Si nadie puede decidir nada sobre la apariencia o el comportamiento externo de un docente en el ejercicio de su función, entonces aceptemos todas las consecuencias.

¿Permitimos que un profesor lleve una camiseta con simbología nazi? ¿Permitimos eslóganes contra las mujeres? ¿Permitimos mensajes racistas? ¿Permitimos que entre en clase sin higiene mínima porque «su cuerpo, su decisión»? ¿Permitimos que se tire pedos delante del alumnado porque «mi libertad acaba donde empieza la tuya»?

Si la respuesta es no -y espero que lo sea- entonces ya hemos reconocido algo fundamental… sí existen límites.

Y, sorpresa, esos límites no nacen del capricho de un director ni del puritanismo estético. Nacen del ordenamiento jurídico y del concepto de función pública.

En un centro público, el docente es empleado público. Y eso implica estar sometido a principios que no son opinables. El Estatuto Básico del Empleado Público habla de objetividad, neutralidad, profesionalidad y respeto al ordenamiento jurídico. La neutralidad no es selectiva. No se activa solo cuando alguien lleva una bandera que no nos gusta. Es estructural.

¿Puede alguien defender que un profesor luzca simbología nazi en clase? Jurídicamente no. No solo por una cuestión ética evidente, sino porque podría entrar en el ámbito del discurso de odio y vulnerar principios constitucionales básicos.

¿Puede alguien defender camisetas con mensajes misóginos? Tampoco. La igualdad y la no discriminación no son sugerencias.

¿Puede alguien defender conductas groseras o deliberadamente indecorosas ante menores? Si creemos que sí, quizá deberíamos replantearnos qué entendemos por educación.

Y aquí es donde el argumento de «nadie puede decirme cómo vestir» se desmonta solo.

No he dicho, en el artículo anterior, que los tatuajes estén prohibidos. No he defendido un uniforme gris obligatorio. No he planteado inspecciones olfativas en la sala de profesores.

Lo que he dicho y mantengo, es que existe un estándar mínimo de profesionalidad.

La higiene básica no es una cuestión estética: es salud y respeto. La adecuación al entorno educativo no es moralina. Es coherencia institucional.

Cuando alguien responde «¿y ahora también vais a decirme si puedo ducharme o no?», está caricaturizando el debate para evitar el fondo del asunto.

Porque el fondo es sencillo. Muy sencillo. Simplemente reconocer que trabajar cara al público implica límites externos en la conducta y en la imagen. Siempre ha sido así. En la sanidad. En la judicatura. En los cuerpos de seguridad. En cualquier puesto con responsabilidad pública. ¿Por qué en educación debería ser diferente?

El problema no es la ropa. El problema es la idea, cada vez más extendida, de que el aula es una extensión del yo individual del docente. No lo es. El aula es un espacio institucional. Y quien entra en ella como profesor no lo hace en calidad de influencer, activista estético o antisistema. Entra como representante de una administración pública o de una institución privada que tiene encomendada la formación de menores.

Eso no significa renunciar a la personalidad. Significa entender el contexto.

Si aceptamos que hay límites evidentes (nazismo, misoginia, mensajes de odio, conductas indecorosas), entonces aceptamos que el principio es el mismo… la libertad se modula cuando ejercemos la función docente. La discusión no es si el límite existe. Es dónde lo colocamos.

Así que sí, podemos adoptar la postura maximalista. Una postura que permita que cada cual lleve lo que quiera, que la higiene sea opcional, que los mensajes ofensivos sean «libertad creativa» o que la grosería sea autenticidad. Y luego, cuando una familia denuncie, cuando haya un expediente disciplinario o cuando un tribunal recuerde lo obvio (que la neutralidad y la dignidad del servicio público no son optativas) nos rasgaremos las vestiduras.

O podemos hacer algo más adulto… reconocer que el ejercicio profesional implica autocontención.

No propongo una censura caprichosa. No pido uniformidad militar. Pero negar cualquier posibilidad de límite es jurídicamente insostenible y profesionalmente irresponsable.

La pregunta no es si alguien tiene poder absoluto sobre tu vestimenta. La pregunta es si tú, como profesional, eres capaz de autorregularte sin necesidad de que te impongan nada. Porque cuando la autorregulación desaparece, llega la norma. Y cuando llega la norma, suele ser más rígida de lo que a nadie le gustaría.

Quizá el verdadero debate no es la ropa. Quizá el debate es cuánto estamos dispuestos a asumir que educar también implica ejemplaridad. Y eso, aunque incomode, sigue siendo parte del oficio.

Me podéis encontrar en X (enlace) o en Facebook (enlace). También me podéis encontrar por Telegram (enlace) o por el canal de WhatsApp (enlace). ¿Por qué os cuento dónde me podéis encontrar? Para hacerme un influencer de esos que invitan a todos los restaurantes, claro está. O, a lo mejor, es simplemente, para que tengáis más a mano por dónde meteros conmigo y no tengáis que buscar mucho.

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Un comentario

  1. Por supuesto que debe haber límites en cuanto a la forma de vestir de los profesores en las escuelas. Soy profesora, la mayoría de mis alumnos son chicos de entre 15 y 19 años, y por mucho que en verano me guste llevar escotes y ropa un poco más «sexy», no debo hacerlo en la escuela, es una cuestión de respeto a la institución. Eso no significa que me vista como una monja, pero tengo que mantener la profesionalidad.

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