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En unos días se va a publicar en el BOE un Real Decreto de “Seguridad Digital” en el que, como medidas más destacadas, existe la de que ninguna administración va a poder trabajar o poner sus datos en servidores alojados fuera de la UE. Algo que en principio han hecho, nada subrepticiamente, para evitar que se pueda montar una votación digital para decidir si se aprueba o no una República Catalana pero que, como sucede casi siempre, va a tener afección en el día de día de todas las administraciones y sus trabajadores. Entre esas administraciones y trabajadores: la educativa y sus docentes.

Fuente: Desconocida

¿En qué va a afectar a las administraciones educativas? Pues en la necesidad, especialmente aquellas que han externalizado sus servicios de gestión docente y/o de aula, cediéndolos a Google o Microsoft, que tengan especificado en el contrato firmado que todos los datos que se intercambien jamás van a salir fuera de los servidores de la UE. Algo que, a día de hoy y leído, por ejemplo, el contrato que Cataluña firmó con Google, no aparece en ningún lugar. Tan solo aparece la coletilla de que los datos van a cumplir la protección de datos europea. Algo que no tiene nada que ver con la ubicación de los servidores por lo que los datos de los alumnos y docentes pueden estar en cualquier granja de servidores de Google situado en cualquier parte del globo. Y tienen hasta el martes para cercionarse de que no hay ningún dato fuera de la UE con la posibilidad de acceso a esos servidores y enviar, desde la administración educativa que haya externalizado el servicio, técnicos a analizar que ningún dato salga fuera del ámbito europeo. Bueno, de los países que engloban a la UE.

También va a afectar a los docentes y centros educativos públicos (sí, remarco lo de públicos porque, en este caso el RD solo va a afectar a la administración pública, aunque las empresas privadas que gestionan los centros privados concertados, también podrían verse obligados a cumplirla -no conozco excesivamente la jurisprudencia cómo les afectaría-), en referencia a las herramientas que usen con sus alumnos. Por ejemplo, todos los centros que tienen páginas webs en hostings propios deberían exigir saber dónde están los servidores. Eso la empresa debe decirlo y firmar un documento garantizándolo. Un detalle, hay Comunidades donde no puede contratarse hostings propios con dinero público de los centros. Lo mismo para el profesorado de esos centros en cuanto a las herramientas, en caso de que aparezcan o se intercambien datos de alumnos, que estén usando. No va a afectar a poder ver un vídeo de Youtube en el aula, pero sí a tener un cuaderno del profesor en la nube, un grupo de whatsapp con los padres o una cuenta de Facebook, Twitter, etc. de uso profesional. Sí, también afecta a los que en Twitter usan un determinado hashtag con sus alumnos para que participen (afecta igual sean mayores o menores de edad). Y a las administraciones (como el INTEF y otros cursos de formación) que se dinamicen por la red del pajarito con hashtags. A partir del martes eso será delito.

Por tanto, a partir del martes cambian las reglas del juego. No hay posibilidad de manipular nada, ni de decir que se cumple la ley de protección de datos. Lo importante también es la ubicación de los servidores y, a día de hoy no hay ningún docente ni centro educativo público que tenga un contrato firmado donde Google, Microsoft o la empresa X garantice que sus servidores estén en la UE y que todos sus datos solo se muevan entre esos servidores. Así que, a partir del martes existen dos opciones: ignorar el Decreto Ley (que no exime de su cumplimiento) o cumplir el mismo, migrando de esos servicios a los que ofrece la administración educativa o instalados en servidores propios que estén dentro de la UE.

Un detalle, en el caso de este blog (aunque no sea de uso educativo) no habría ningún problema porque, a la hora de elegir el tipo de hosting, he elegido que tenga los servidores ubicados en la UE. Y tengo el contrato que lo certifica.

Así pues ya no habrá debate acerca del uso de herramientas de Google, Microsoft o demás servicios que no sepas ni te garanticen dónde están sus servidores por escrito (y certificado y validado por la administración educativa). Estarán, a partir del martes, prohibidas por defecto.

El post incluye lo que han filtrado desde La Moncloa a los medios que incluirá el Real Decreto. Aún puede que incluya alguna excepción de cumplimiento para algún ámbito pero, sinceramente, lo dudo.

No me apetece volver a dejar en manos de Google y sus anuncios el mantenimiento del blog. Así que si os apetece colaborar en mantener esto, ya sabéis…

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Hay docentes que mienten. Algunos de forma interesada, y otros por falta de capacidad de comprensión de lo que leen/ven. Resulta curioso ver como unos usan las estadísticas a su antojo, obvian lo que no les interesa y, al final, dicen cosas que no se dicen en ningún sitio. Y al final cuelan. Cuelan porque lo fácil, en pleno auge de creerte lo que te digan “los tuyos”, hay muchos que son incapaces de acudir a algo tan obvio como son las fuentes de todo antes de dar por buenas ciertas afirmaciones. Y las leyes son las que son. Los resultados, mal nos pesen, son los que son. Los sucesos, por mucho que busquemos situaciones extrañas para que se amolden a nuestro pensamiento, también es algo que no depende de nosotros. Otro tema es después la interpretación de ciertas cuestiones. Pero no de todas. Hay temas que son claros y que poco tienen que ver con estadísticas o deseos.

Hoy he leído el siguiente tuit en el que una profesora de Matemáticas de Andalucía dice que “la administración educativa dice que para la asignatura de Matemáticas, las técnicas cooperativas, el modelo Flipped, la gamificación y las TIC deben ser la metodología habitual“.

Fuente: Twitter

Ya me sorprende el hecho porque, por lo visto, debo  ser el único que recuerda que, jamás una disposición normativa de un gobierno autonómico puede ir en contra una resolución del Tribunal Constitucional (derecho a cátedra reconocido por varias sentencias firmes) pero, como siempre hay cosas que me sorprenden, no tengo otra que buscar en la normativa que menciona. Quizás sea yo el equivocado y la administración andaluza haya decidido apostar por el modelo Flipped. También me sorprende porque, precisamente, de lo que se quejan algunos flippeds es que no se obligue, por ley, a usar su metodología. Pero nada, es cuestión de rebuscar en la normativa que se menciona (enlace).

En la normativa dice lo siguiente (imagen del extracto donde hace referencia a la metodología a usar en Matemáticas).

Fuente: Twitter

Resaltando la parte que afecta a las estrategias metodológicas dice que “sin descartar otras estrategias, podemos apoyarnos en aprendizajes basados en proyectos, atención personalizada usando recursos tecnológicos y la conocida como clase invertida o Flipped Classroom“. Nada que ver con la obligación de usar en exclusiva, ni preferentemente o de forma habitual, esas estrategias con los alumnos.

Por suerte aún prima el sentido común en la administración educativa y, por ello confían en la mayoría de sus docentes que, en función del alumnado que tenga en cada momento, usará la metodología más adecuada para que aprendan. Algo que se denomina profesionalidad.

No por mucho querer que algo exista, existe 😉

 

 

legislacion_cumplir¿Alguien se imagina qué pasaría si un docente decide incumplir la legislación educativa? ¿Alguien se imagina que pasaría si un docente se ausenta de su lugar de trabajo sin justificación y no aporta ningún documento que justifique dicha ausencia? ¿Alguien se imagina que el director de un centro educativo decide que se puede fumar en el patio saltándose la legislación? Yendo más lejos, ¿alguien se imagina a un docente fumando mientras está impartiendo su asignatura? ¿Alguien se imagina lo que supondría que, por decisión unilateral, los docentes nos saltáramos la legislación que nos afecta? Pues sí, lo que sucedería es que la administración educativa nos abriría un expediente. Un expediente que puede llevar asociado otras medidas (remoción del puesto de trabajo, quedarse sin salario apartado de las tareas docentes, etc.). Y, lo anterior, con toda la razón del mundo.

Pero, ¿qué pasa si es la administración educativa quién incumple la ley? Andalucía, Cataluña y País Vasco han decidido que el curso que viene no van a aplicar la ley. Lo justifican bajo diferentes criterios pero, lo cierto, es que las otras Comunidades Autónomas sí que lo van a hacer. Más allá de que la LOMCE nos guste más o menos es un articulado legislativo que, según la normativa, es de obligado cumplimiento por parte de todas las Comunidades Autónomas. Una ley con unos plazos que van a ser incumplidos por determinadas administraciones. Administraciones que van a decidir saltarse la ley. ¿Alguien se imagina qué hubiera pasado si cuando se aprobó la LOGSE o la LOE las Comunidades gobernadas por el partido de la oposición hubiera decidido no aplicarlas? ¿Alguien se imagina que cambia el gobierno y entonces las Comunidades del PP se niegan a aplicar la ley que supuestamente redactarían los que ahora incumplen la LOMCE? No es de recibo. No tiene ningún sentido negarse a aplicar la ley. Si una ley no gusta, lo lógico es hacer oposición a la misma desde los mecanismos que ofrece la democracia. Lo más sencillo es votar en las próximas elecciones para poder gobernar quienes están en contra de la ley y poder cambiarla. Jamás incumpliendo la misma. Algo realmente muy peligroso por el precedente que genera.

Los que trabajamos en el sector educativo ya sabemos cómo se las gastan los que gestionan la Educación. Incumplimientos legislativos habituales en función del color de quien mande en cada autonomía. Incumplimiento de sentencias de los tribunales cuando no benefician la ideología o a los “amigos” (o alargamiento de los plazos de cumplimiento para, finalmente, enterrar dichas sentencias en el olvido), creación de decretos y normativas de rango inferior que incumplen leyes orgánicas, etc. Algo demasiado habitual.

Esto de la legislación educativa es un cachondeo. Los incumplimientos, cuando los mismos son de cargos políticos, no suponen ningún tipo de sanción para los mismos (¿alguien ha visto que a un consejero que haya dicho que no va a cumplir la ley se le sancione?). El problema es que lo anterior es un juego muy peligroso. Sienta jurisprudencia. Jurisprudencia que hace que la legislación educativa se convierta en papel mojado. Y, si no hay leyes, el sistema educativo se puede convertir en una especie de far west en su peor sentido.

Si los políticos pueden saltarse las leyes y no les pasa nada, ¿qué ejemplo estamos dando a las nuevas generaciones? Por cierto, hubo uno que también optó por saltarse la legislación vigente un dieciocho de julio. Tiren de hemerotecas, tiren.