Por qué la política no debería usar al profesorado de chivo expiatorio
Hay una frontera sagrada en la gestión de lo público que la política española -de cualquier sigla, color o territorio- ha decidido cruzar sin ningún tipo de escrúpulo. Me estoy refiriendo a convertir a sus propios trabajadores en el chivo expiatorio de su inoperancia.
En las entradas anteriores a este blog he sido absolutamente implacable con el colectivo docente. Mantengo cada palabra. La falta de autocrítica en los claustros, la firma de aprobados complacientes en junio y la connivencia con el bajón de nivel son realidades sangrantes que debemos asumir de una vez por todas.
Ahora bien, una cosa es la autocrítica profesional dura e higiénica dentro del sector, y otra muy distinta es la cacería política. Que los gestores del sistema educativo -ministros, consejeros, diputados y portavoces de partido- utilicen el juicio sumarísimo contra los docentes de la pública para rascar un puñado de votos es una irresponsabilidad democrática de una gravedad absoluta.
Criticar al empleado público da votos. Y da muchos.
Es una fórmula populista tan vieja como efectiva. Cuando la Sanidad colapsa porque faltan presupuestos y gestión, se sugiere que los médicos cogen muchas bajas o que los enfermeros no atienden con sonrisa. Cuando la Justicia se ahoga en procedimientos del siglo XIX, se deja caer que los jueces trabajan poco. Cuando la Seguridad falla, se pone en el punto de mira a la policía. Y cuando la Educación pública se hunde por los currículos vacíos que la propia clase política aprueba en el Boletín Oficial, la consigna es cristalina… la culpa es de los profesores, que son unos acomodados con tres meses de vacaciones.
Es una canallada institucional. Quienes gestionan la administración no pueden actuar como agitadores de tertulia contra sus propios profesionales.
Si un ministro o un consejero de Educación considera de forma generalizada que sus docentes son incompetentes o irresponsables, lo que tiene que hacer es dimitir de inmediato por ser incapaz de dirigir el departamento. Lo que no puede hacer bajo ningún concepto es usar el micrófono oficial para poner a sus trabajadores en la picota pública con el único objetivo de desviar la atención de sus propias vergüenzas presupuestarias y legislativas.
Poner en la diana a los docentes de la pública de forma traicionera genera un daño sistémico devastador que no se arregla con una campaña de publicidad institucional.
En primer lugar destruye la autoridad del servicio. Cuando el propio gestor político deslegitima al profesorado frente a la opinión pública, le está entregando un cheque en blanco a las familias para que acudan al centro a presionar, fiscalizar e intimidar al docente en cada junta de evaluación.
Añadamos a lo anterior que revienta la moral de las plantillas. Nadie trabaja bien en un entorno donde su propio patrono le ataca en los medios de comunicación. Cargar contra la totalidad del colectivo neutraliza a los miles de profesores que se dejan la piel a diario en condiciones precarias, empujándolos directamente al cinismo y al desapego.
Y, finalmente, fomenta el enfrentamiento social, ya que convertir el servicio público en un campo de batalla electoral enfrenta a los ciudadanos contra los trabajadores que les atienden, fragmentando la convivencia y justificando el desmantelamiento de lo que es de todos.
La diferencia entre la crítica constructiva y la demagogia electoral es aplastante. La autocrítica interna, que es la que llevo realizando desde hace tiempo, busca recuperar la dignidad, el rigor académico y la excelencia de la escuela pública a pie de aula. El ataque político busca escurrir el bulto, ocultar el fracaso de las reformas legales y arañar votos en las encuestas alimentando el resentimiento social hacia el funcionario.
No se puede defender la escuela pública destruyendo a quienes la sostienen a diario en las aulas. A la clase política hay que decirle alto y claro que asuman su responsabilidad legislativa, doten a los centros de recursos reales, eliminen la burocracia infame que han creado y dejen de utilizar al profesorado como escudo humano para tapar sus miserias electorales.
Exigencia a los docentes, toda. Tolerancia con la manipulación política de los servicios públicos, cero.
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