Por qué tu administración sabe exactamente cuántos docentes hacen huelga y tú no

Llega una jornada de protesta educativa y, con la puntualidad de un reloj suizo, se despliega ante los medios de comunicación el esperpéntico baile de cifras habitual.

Por un lado, la Consejería de turno emite una nota de prensa oficial asegurando que el seguimiento ha sido residual, fijándolo en un púdico 19,5%. Por el otro, la representación sindical convoca a los micrófonos en la cabecera de la manifestación para elevar el éxito de la convocatoria a un rotundo 60 o 70%.

Comunidad cifra en un 19,5% el seguimiento de la séptima jornada de huelga educativa y los sindicatos lo elevan a un 60%

#HuelgaEducación #mareaverde

via @europapress

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— Isabel Galvín (@isabelgalvin) October 22, 2026

Una diferencia abismal, casi cómica, que proyecta hacia la sociedad la sensación de que la administración o los sindicatos viven en universos paralelos. Se instala el relato de que cada uno cuenta la feria según le va y que los datos en la función pública son una plastilina moldeable al gusto del relato político de cada trinchera.

Sin embargo, hay una realidad contable, fría y categórica que desmonta toda esta comedia mediática. Me estoy refiriendo a que el dato real del seguimiento de una huelga en la enseñanza pública es el único parámetro de la educación que resulta absolutamente imposible de falsificar porque la nómina no entiende de propaganda.

Para comprender por qué las cifras de las notas de prensa son puro ruido de comunicación mientras que el dato administrativo es incontestable, basta con seguir la ruta del dinero y el procedimiento de gestión de personal de cualquier Comunidad Autónoma.

Cuando un docente ejerce su derecho constitucional a la huelga, ocurre un acto administrativo automático e ineludible… el descuento salarial por la jornada no trabajada.

1. La declaración de ausencias. En cada centro educativo público, la Jefatura de Estudios y la Dirección tienen la obligación legal de registrar en la aplicación informática de gestión del personal (ITACA, iPASEN, Rayuela, Raíces, etc.) la relación exacta de profesores que no han acudido a su puesto de trabajo por ejercer el derecho a huelga.
2. El vuelco a la nómina. Esos registros digitales se cruzan directamente con los servicios centrales de Nóminas de la Consejería de Educación y la Consejería de Hacienda.
3. La detracción económica. A cada profesor firmante en ese registro se le descuenta de forma matemática la parte proporcional del sueldo base, trienios, complementos de destino y parte proporcional de las pagas extraordinarias correspondientes a esa jornada.

Aquí es donde se derrumba el mito de la manipulación. ¿Alguien cree sinceramente que la administración pública va a dejar de descontar el dinero a un docente que ha hecho huelga solo para inflar artificialmente la cifra de asistentes? ¿O que se lo va a descontar a quien sí fue a trabajar para inventarse que no fue?

Y la pregunta del millón para el claustro. ¿Alguien conoce a un solo compañero o compañera en toda su carrera docente a quien, habiendo secundado una huelga, no le hayan descontado el día euro a euro en la nómina del mes siguiente?

La respuesta es rotunda. NADIE. La maquinaria de Hacienda y de Nóminas de la administración funciona con una precisión despiadada. El euro no se perdona.

En un sistema educativo donde todo se debate entre consignas y propaganda -donde se discute si el nivel sube o baja, si la burocracia sofoca o no, o si las metodologías funcionan-, la huelga ofrece la única métrica dura e incontestable.

Los números reales están en la Intervención General y en la Tesorería de la administración. A final de mes, cuando se cierra el proceso de nóminas, el Gobierno sabe al céntimo cuántos euros se han dejado de pagar y, por tanto, cuántos docentes exactos secundaron el paro.

Menos guerras de titulares en redes sociales y más rigor. La protesta laboral se mide en el sacrificio económico real de los trabajadores que deciden parar y perder su jornal por una causa. Todo lo demás es literatura para la prensa, trinchera ideológica y escenografía de salón.

Por cierto, antes de que alguien me hable de servicios mínimos y conociendo muy bien lo que ha pasado hace nada en la Comunidad Valenciana, lamento informaros que, salvo casos excepcionales, los servicios mínimos los cubren docentes que no querían hacer huelga y, como mucho, puede hablarse de un 3-5% de margen al número de la administración sumando equipos directivos (entendiendo que, al igual que en el caso de los docentes, hay miembros de equipos directivos que no querían hacerla). E insisto… esto no va de buenos y malos, ni de ideología. Va de datos.

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