¿Está mejor la educación en España que cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno?

Hoy el Presidente del Gobierno ha vuelto a salir en televisión, con la solemnidad ensayada de las grandes ocasiones, para anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Arranca el espectáculo. En las próximas semanas asistiremos al despliegue habitual de eslóganes prefabricados, promesas millonarias de última hora y mítines donde nos venderán las bondades de una gestión que, sobre el papel, roza la perfección absoluta.

A Pedro Sánchez y a sus correligionarios del carguito institucional les encanta el triunfalismo. Pero en los claustros, a pie de aula, conviene hacerse una pregunta muy sencilla en voz alta. Una pregunta directa, sin anestesia, que no necesita que nadie la responda porque la contestación la conocen de sobra todos los que pisan un aula, el alumnado, las familias y cualquiera interesado en la educación como servicio esencial. Y la pregunta es si la educación española está mejor hoy que hace siete años.

No. Rotundamente no. Es infinitamente peor, está más degradada, es más injusta y se encuentra más desamparada que cuando el actual Presidente y sus socios de gobierno llegaron al poder prometiendo blindar los servicios públicos. Solo desde el fanatismo ideológico más cegato o la trinchera partidista más servil se puede defender o aprobar el desastre absoluto en el que han convertido la enseñanza en este país. Cualquiera que mire los datos, la realidad de las aulas o la pérdida salvaje de nivel sin las anteojeras del carné en la boca sabe perfectamente de lo que hablo.

Que no vengan ahora los portavoces del régimen ni sus aplaudidores en las tertulias a echarnos el billete de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. Las autonomías gestionan la miseria del día a día -y lo hacen de pena, sin excusa alguna-, pero la arquitectura del desastre la diseña en exclusiva el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Un Ministerio por el que han pasado, para mí, tres de las peores Ministras del ramo en las últimas décadas. Más interesada la primera en irse al Vaticano que en interesarse por leer la ley que promovió, la segunda en promocionarse como candidata fallida de Aragón y la tercera que todavía no sé qué pinta, más allá de, en cada entrevista, demostrar, al igual que sus antecesoras, la nula idea que tiene del sistema educativo.

Es en Madrid donde se firman las leyes educativas marco. Es en los despachos del Ministerio donde se fijan las ratios máximas por aula, la estructura del currículo básico, la ordenación de las etapas, las reglas de promoción y titulación, y las políticas marco que orientan el sistema. Las autonomías ejecutan, pero el veneno lo cocina el Gobierno central.

¿Y qué ha salido del BOE bajo el mandato de Pedro Sánchez y sus sucesivas ministras indocumentadas? Una trampa monumental llamada LOMLOE y un despliegue reglamentario diseñado con un único objetivo. El de maquillar el fracaso escolar por decreto para vender titulares bonitos en Bruselas.

Para este Gobierno y sus socios de la izquierda, el problema de la escuela pública no era que los hijos de la clase trabajadora no supieran interpretar un texto, redactar sin faltas o resolver una ecuación elemental. El problema era que la nota reflejara esa carencia.

¿La respuesta del Ministerio en estos últimos siete años? Eliminar las evaluaciones extraordinarias, prohibir los suspensos como medida pedagógica, regalar la promoción y el título de Secundaria sin límite de suspensos y disfrazar la indigencia cultural tras el lenguaje ininteligible de las situaciones de aprendizaje y las competencias clave. Han convertido la ignorancia en un derecho respaldado por la ley.

La hipocresía de este Ejecutivo alcanza cotas verdaderamente nauseabundas cuando presumen de su agenda progresista e inclusiva.

Nos han vendido la atención a la diversidad como su gran bandera social, pero la han aplicado de la forma más ruin posible. Por Real Decreto marco y a coste cero para las arcas del Estado. Han impuesto la obligación de atender situaciones de enorme complejidad en el aula ordinaria sin tocar el marco de ratios masificadas, sin obligar a la contratación de plantillas de apoyo real y sin destinar la partida presupuestaria que exige un cambio de esa magnitud.

Le han tirado todo el peso de la trampa a la espalda del profesorado. Han destrozado la autoridad pedagógica de los claustros, han desarmado a los docentes frente a la indisciplina y han convertido los centros educativos en centros de custodia y guarderías gigantes donde transmitir conocimiento riguroso parece casi un delito de elitismo.

Mientras Pedro Sánchez y su gabinete pontifican sobre la igualdad en la escuela pública, la realidad es que han destruido el único ascensor social que funcionaba para las clases populares. No han creído el conocimiento exigente, el esfuerzo y el mérito académico. Han permitido que quien tiene pasta se pague la formación fuera de la pública, mientras que al resto, este Gobierno le regala un título que no vale ni el papel en el que está impreso. Bueno, siendo sincero, han acabado regalando el título en la pública y en la privada, pero los de la segunda, por temas familiares, van a tener más fácil el colocarse o conseguir, desde un esfuerzo que no anulan algunos de sus compañeros, un futuro.

Ahora vendrán a pedir el voto en noviembre con la cara dura de quienes se consideran los guardianes de la enseñanza pública. Nos dirán que hay que parar a la derecha para proteger un sistema que ellos mismos han dejado en ruinas a base de populismo educativo, burocracia infame y desprecio absoluto por el rigor. Vamos a las urnas dejando las aulas masificadas, al profesorado quemado, a las familias desorientadas y a una generación entera utilizada como cobaya de laboratorio para sus experimentos ideológicos.

Se vote lo que se vote el 29 de noviembre, el desastre ya está consumado. La factura de siete años de política de escaparate y propaganda no la van a pagar los ministros en sus despachos ni el Presidente en Moncloa. La están pagando ya nuestros alumnos.

No se trata de un artículo en clave ideológica. Se trata de un artículo fundamentado en las competencias educativas del Estado y las Comunidades Autónomas, en lo que ha ido sucediendo en estos últimos años según todas las pruebas internas y externas y, cómo no, por todas esas promesas incumplidas de las que, al principio, tanto hablaban. No se trata, por cierto de defender a la oposición. Se trata de poner negro sobre blanco quién es el principal culpable del destrozo de la educación española. Lo demás, se lo dejo a los que usen este artículo para ponerse en plan ideológico. Sí, he dicho en plan. Y no me arrepiento de haberlo dicho.

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