Millones al tuntún para climatizar las aulas valencianas

Hay que tener la cara de hormigón armado para presentarse a mediados de julio de 2026 a vender como un éxito histórico que se van a repartir limosnas de entre 5.000 y 25.000 euros a los centros educativos para solucionar el drama de la climatización (enlace). Quienes me leéis por aquí sabéis de sobra que, manden unos u otros, soy muy crítico con determinadas decisiones educativas, pero lo de este verano ya roza el insulto a la inteligencia de cualquiera. Soltar un chorro de millones al tuntún, a estas alturas de la película, sin un maldito plan de infraestructuras detrás y sin una instrucción técnica que no se haya generado por IA de cómo ejecutar ese dinero, no es gestionar. Es quitarse el muerto de encima y pasarle el marrón al equipo directivo de turno.

Es el clásico modus operandi del político asustado. Llega el calor, los termómetros de las aulas rozan los 35 grados, las familias protestan, la prensa saca los colores a la administración y, en lugar de planificar como adultos, abren el cajón del dinero para no se sabe qué. Te ingresan una partida en la cuenta del centro educativo, te cuelgan el titular en los medios y, si luego la instalación eléctrica del centro -que suele datar de los tiempos de Maricastaña- revienta porque no aguanta tres compresores de aire encendidos a la vez, la culpa es del director por no saber gestionar su autonomía escolar.

Lo más sangrante de este reparto arbitrario es la absoluta desconexión con la realidad de los centros. Que me explique algún iluminado, de los que han decidido esto, qué se supone que tiene que hacer un instituto público medio de tres líneas, con setecientos alumnos y tres plantas de hormigón, con una partida de 5.000 a 25.000 euros. Eso no te da ni para pagar el andamiaje técnico y la preinstalación de un ala del edificio.

Te sueltan la calderilla (unos 5.000 euros) en la mayoría de centros para que vayas al centro comercial de la esquina a comprar ventiladores de plástico a destajo que solo sirven para mover el aire caliente como si estuviéramos en un horno de fundición. Mientras tanto, el centro de al lado, por pura carambola del algoritmo burocrático, recibe 25.000 que tampoco puede gastar con criterio porque no hay instrucciones escritas y no generadas por IA de la Conselleria que aclaren qué proyectos son legalmente viables y cuáles no. ¿Puede un director contratar a una empresa para reventar la fachada e instalar aire acondicionado industrial sin el visto bueno de los técnicos de la administración? Nadie responde. Todo se fía a la improvisación de los equipos directivos, que ahora tienen que hacer de ingenieros industriales, jefes de obra y técnicos de prevención de riesgos en sus horas libres de verano. Porque no os olvidéis que en diez días los equipos directivos se van de vacaciones (porque les toca y lo necesitan).

Lo que me provoca un cabreo interior que me revuelve las tripas es comprobar cómo se malgasta el dinero público por pura incapacidad de gestión. Llevamos décadas sabiendo que las aulas valencianas son trampas de calor en junio y septiembre. En lugar de diseñar un plan estructural, faseado por comarcas, revisando las acometidas eléctricas de los centros históricos y aislando térmicamente los techos, la solución es el búscate la vida. Y sé que repartir dinero, especialmente a estas alturas, es una campaña de propaganda brutal a un año de las elecciones, pero para mí es tirar 16 millones de euros de dinero público a la basura.

Es exactamente el mismo timo que llevamos viendo hace décadas con la digitalización. Soltar el dinero o los dispositivos sin formación, sin mantenimiento y sin estrategia, para ponerse la medalla en la rueda de prensa y dejar que los docentes se estrellen en sus aulas. El resultado de estos millones sin plan va a ser un reguero de facturas duplicadas, aparatos de aire domésticos colgados de mala manera que saltarán a la primera de cambio y un montón de aparatos portátiles que, si en algún momento se hace una buena instalación, serán abandonados en algún lugar ignoto de los centros educativos.

A los responsables de Presidencia (ya que es una decisión que estoy convencido de que se ha tomado desde allí) que estén leyendo esto con el aire acondicionado de su despacho a 21 grados, debo deciros vuestro reparto de limosnas de verano da auténtica vergüenza. Tenéis que dejar de tratar los presupuestos (no solo) de educación como si fuera el dinero de un monopolio para tapar vuestras crisis de reputación.

La escuela pública no se climatiza con titulares de prensa ni traspasando la responsabilidad legal a unos directores desbordados de burocracia. Se climatiza con inversión real, con técnicos de la administración a pie de obra y con un plan serio que dignifique las aulas.

Permitidme que exponga un par de cuestiones antes de finalizar el artículo…

En primer lugar sé que los anteriores -y los de antes de los anteriores- no hicieron nada para mejorar la climatización de los centros educativos, dejando un marrón en determinados programas educativos. Pero lo anterior no es excusa para hacer este tipo de planes mientras se toma uno una cazalla. Además, por favor, todos sabemos que el curso que viene son elecciones autonómicas y ya sabemos que es el momento en el que se pone en marcha la maquinaria para vender lo mucho que se hace en educación. Que ojo, reconozco que con los de antes y con los de ahora se han hecho cosas, pero en este caso me parece un despropósito esa inversión que, antes de octubre debe justificarse.

Y, como segunda cuestión, me gustaría incidir en el tema de las competencias. En los colegios de Infantil y Primaria la propiedad de los edificios es de los Ayuntamientos. Cualquier alteración, instalación fija u obra requiere la autorización expresa del consistorio y sus técnicos municipales. Y en los IES y CIFP la titularidad es de la Generalitat Valenciana, que tiene competencia exclusiva para obras de reforma, adecuación e instalaciones fijas estructurales recayendo esa competencia en la Dirección General de Infraestructuras Educativas. Si un director contrata por su cuenta a una empresa instaladora externa para colocar aparatos fijos y se produce un cortocircuito, un incendio, un desprendimiento de fachada o un problema de salud ambiental (como la legionela en determinados sistemas), la responsabilidad legal recae directamente sobre quien firmó el contrato de instalación, en este caso, el director. La normativa de Prevención de Riesgos Laborales prohíbe taxativamente que personal no cualificado valide este tipo de infraestructuras. Además, si compra aparatos móviles, que aumentan la carga eléctrica de la instalación, sin aprobación de la Dirección General de Infraestructuras, y hay algún problema con la instalación, la responsabilidad también es del director. Así que, mi opinión es que, si sois directores de un centro educativo valenciano y no queréis problemas… compréis abanicos. Es lo único que no puede traeros problemas.

Finalmente una pregunta… ¿quién pagará el aumento de consumo eléctrico, en caso de que algún director se arriesgue acabar en un juzgado por instalar ciertas cosas en su centro? Porque estoy convencido de que habrá directores que, pensando en su alumnado, se arriesgarán y se pondrán en riesgo jurídico.

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