Vaya por delante que entiendo perfectamente las reivindicaciones de la patronal de la concertada (o de las empresas que, bajo cualquier forma legal, poseen y gestionan esos centros) y de sus trabajadores. No puedo menos que entender, al igual que hago con las reivindicaciones de cualquier colectivo de trabajadores o empresarios, lo que se solicita. Entiendo perfectamente que pidan más dinero público para sus centros educativos. Entiendo que los docentes que trabajan ahí quieran cobrar lo mismo -e incluso entendería que pidieran cobrar más- que los docentes de la pública. Entiendo y comprendo perfectamente que, al igual que sucede en cualquier contexto laboral, se deba hacer presión para conseguir más.

Una vez dicho lo anterior, creo que a los de la concertada se les olvida, al igual que sucede con cualquier empresa privada, que son los que les pagan los que deciden en qué condiciones trabajan, cuáles son sus funciones y abrir o cerrar, en función de la convivencia con ese modelo empresarial, más o menos el grifo de los recursos que van a destinarse a ese modelo. Incluso, yendo más lejos, podrían decidir no renovar el modelo de conciertos. Y el que paga es la administración pública. No les pagan los padres que llevan a sus hijos a esa tipología de centros. Les paga una administración pública que, en todo momento tiene el derecho a decir qué deben hacer las empresas privadas que son contratadas con ese dinero que gestionan. Dinero que viene de los impuestos de todos (de los que tienen hijos y de los que no). Sí, al igual que sucede en los centros públicos. La administración educativa puede decidir qué asignaturas se imparten, cuál es la carga horaria de cada una e, incluso, recortar el salario de sus trabajadores. Otra cuestión es que uno pueda manifestarse airadamente con lo anterior. Algo que, como ya he dicho anteriormente, me parece perfecto.

Hace un par de años remodelamos en el piso donde resido los dos cuartos de baños. Acudimos a varias empresas a ver qué presupuesto nos ofrecían, seleccionamos los azulejos, decidimos cambiar la bañera por una ducha, los colores, el tipo de baño, etc. Y lo hicimos porque éramos nosotros los que pagábamos a la empresa. Una empresa que, a su vez, pagará siguiendo la normativa vigente a sus trabajadores. Ni se les ocurrió decirnos que no nos iban a poner ese azulejo porque no les gustaba o no poner una ducha en lugar de la bañera porque ellos pensaban que la bañera era lo mejor para nuestra situación familiar. Es que, al final, el que paga decide qué quiere hacer con su dinero y qué va a exigir por el mismo.

Lo mismo en educación. Es la administración pública la que decide a qué empresa va a contratar para hacer qué y de qué manera. No es la empresa la que decide simplemente recibir el dinero y hacer lo que le dé la gana. Es algo que no cabe en la cabeza de nadie porque, al final la gestión del dinero de todos es una cuestión política. Y ahora estos han decidido dejar de dar suelo público a centros privados. Los que había antes, decidieron que la religión fuera de nuevo evaluable y permitir el incremento de centros privados concertados. Es una decisión sobre la que uno puede quejarse amargamente, manifestarse hasta el infinito o, simplemente, acudir a lo que uno cree. El problema es que, como el dinero no es de los centros concertados, ellos tienen poco que decir. Al igual que si en algún momento, por mayoría parlamentaria, deciden suprimir la educación pública y destinar todo el dinero a la concertada. Yo me quejaré amargamente pero, al final quien paga, manda. Lo demás, lacitos incluidos, un espectáculo sin más porque, quien paga, manda.

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Acerca del Autor

Jordi Martí

Simplemente soy alguien al que le gusta escribir. Y que disfruta haciéndolo.

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