La obscenidad del púlpito ideológico pagado por todos

Anoche, viendo la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en La Revuelta, volví a comprobar cómo se sobrepasa esa frontera sutil -pero sagrada en cualquier democracia que aspire a un mínimo de madurez institucional- entre el periodismo de opinión y el proselitismo político de trinchera. Una frontera que, en el ámbito de los medios de comunicación públicos, no es que se haya desdibujado… es que se ha dinamitado directamente para construir sobre sus cenizas un púlpito de propaganda pagado con el dinero de todos los contribuyentes.

Que un presentador o comunicador en la televisión pública declare abiertamente que su función es demostrar su ideología en sus argumentaciones o arrastrar el sesgo político como una escarapela de honor en horario de máxima audiencia no es un ejercicio de libertad de expresión. Es una aberración democrática y un uso patrimonial de los recursos comunes.

Cuando enciendes una televisión pública -ya sea estatal, autonómica o local- el ciudadano no está pagando una cuota de suscripción a un partido, a un sindicato o a un club de debate ideológico. Está financiando una infraestructura común cuyo único deber constitucional y moral es la neutralidad, el pluralismo y el respeto escrupuloso a la pluralidad de la sociedad a la que dice servir.

Sin embargo, en los últimos tiempos presenciamos sin rubor cómo ciertos profesionales de la información confunden el plató financiado con impuestos con la tribuna de un mitin.

Se atribuyen la autoridad moral de catequizar a la audiencia, pontifican sobre lo que está bien y lo que está mal, y convierten la escaleta del informativo o del programa de debate en una lección magistral de adoctrinamiento sin disimulo. Lo grotesco ya no es que lo hagan. Lo verdaderamente obsceno es que lo exhiban con orgullo, como si convertir el micrófono público en un megáfono de parte fuera un mérito profesional y no un incumplimiento flagrante de su cometido ético.

Para justificar esta deriva sectaria, la tribu de los comunicadores militantes suele esgrimir un argumento de una trampa colosal… «Es que yo no engaño a nadie, yo soy transparente y digo desde dónde hablo».

Esa milonga puede valer para un canal privado, para una cuenta personal de redes sociales o para un podcast grabado en el salón de tu casa con tu propio dinero. Ahí cada cual es muy libre de defender la doctrina que le plazca, de sesgar la información como le convenga y de dirigirse exclusivamente a la parroquia que le compra el discurso.

Pero en la televisión pública, la transparencia no consiste en confesar tu sesgo ideológico para imponérselo a la audiencia. Consiste en dejar tus filias y fobias personales en la puerta del estudio antes de encender el piloto rojo.

El sueldo de un presentador público lo paga tanto el ciudadano que piensa como él como el que está en las antípodas ideológicas. Convertir la pantalla de todos en el cortijo de unos pocos es una falta de respeto al contribuyente y una forma de cinismo institucional que destruye por completo la credibilidad del medio.

Las consecuencias de este mercadeo ideológico en la televisión pública son nefastas a medio y largo plazo. Cuando el ciudadano percibe que el canal público ha sido secuestrado por una facción para adoctrinar a la masa, la reacción lógica es la desafección, el desconectado y el desprecio por la institución. Se dinamita la función social del medio público  para transformarlo en una trinchera tóxica que alimenta la polarización, la crispación y el choque de trincheras.

Va siendo hora de exigir responsabilidades y de llamar a las cosas por su nombre. La televisión pública no existe para dar trabajo a comisarios políticos con carnet ni para financiar los monólogos morales de ningún presentador de cabecera. O los medios públicos recuperan de forma estricta la neutralidad, la objetividad y el rigor profesional, o perderán definitivamente toda razón de ser en una sociedad abierta. Quien quiera hacer política, militar en una causa o demostrar su ideología en cada frase tiene un camino muy sencillo… que se afilie a un partido, que monte su propia cadena privada con su dinero o que baje a la calle a pedir el voto.

Pero, por favor, que deje de pasar la factura de su catecismo privado al bolsillo de todos los ciudadanos.

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