El reino de la arbitrariedad jurídica o por qué nadie en educación tiene ni pajolera idea de leyes

El sistema educativo español se sostiene sobre una farsa jurídica colosal que nadie se atreve a verbalizar en público. Vivimos en un estado de derecho, pero al cruzar la puerta de un centro educativo, se entra automáticamente en un limbo medieval donde la ley es un mito lejano. Un texto sagrado que todo el mundo cita pero que absolutamente nadie ha leído. El analfabetismo normativo en la educación de este país no es una anécdota; es una pandemia estructural. Si hiciéramos un examen sorpresa sobre el marco jurídico básico que regula nuestro oficio a los claustros, a los equipos directivos, a las familias y, cuidado, a una parte no insignificante de la inspección educativa, el resultado sería un suspenso generalizado que haría sonrojar a todo el mundo. En las aulas no se aplica la ley; se aplica la tradición oral, el mito de pasillo y el aquí siempre se ha hecho así.

Las consecuencias de esta ignorancia colectiva son nefastas. El profesorado vive asustado ante amenazas fantasma de la inspección o de familias hiperprotectoras que exigen derechos inventados, simplemente porque el docente desconoce cuáles son sus obligaciones reales y sus defensas legales. A su vez, las familias naufragan en un mar de siglas y procedimientos opacos, incapaces de defender a sus hijos de decisiones arbitrarias porque la administración se encarga de que la normativa sea un jeroglífico ininteligible. Pero lo más sangriento de este circo es que la culpa no es del individuo. El sistema está diseñado para fabricar ignorantes del derecho desde la base.

Id, por curiosidad, a revisar los planes de estudio de los grados de Magisterio o del flamante, inútil y costoso Máster de Formación del Profesorado de Secundaria en cualquier universidad. Buscad, rastread con lupa. No vais a encontrar ni una sola asignatura troncal dedicada al derecho administrativo o a la legislación educativa básica. Ni una. A los futuros docentes se les adiestra durante meses en el diseño de situaciones de aprendizaje cuquis, en dinámicas de grupo con nombres en inglés y en el uso de herramientas digitales de escaparate. Se les enseña a ser animadores socioculturales, pero se les envía a la trinchera laboral sin saber qué es un acto administrativo, cómo se gestiona una reclamación con garantías jurídicas o qué responsabilidad civil asumen cuando entran al aula. Es una negligencia formativa criminal.

Este vacío legal en la formación de la base permite que la cúspide de la pirámi­de se convierta en un festival del humor burocrático. Hablo de las Consejerías de Educación, esas fábricas de la ocurrencia política que han demostrado una incapacidad alarmante para redactar textos con un mínimo de rigor legal. Las instrucciones, circulares y resoluciones que llegan a los centros cada principio de curso son auténticos Frankenstein jurídicos. Como estos documentos menores no pasan por trámites parlamentarios ni por la fiscalización obligatoria de los cuerpos jurídicos de las comunidades autónomas, los cargos políticos de turno se dedican a legislar de oído, a golpe de titular de prensa y ocurrencia de laboratorio pedagógico. El resultado son textos que no soportarían el más mínimo análisis legal en un tribunal de primera instancia, pero que se aplican a rajatabla en los centros bajo la amenaza del rodillo jerárquico.

Sé que sería injusto meter a todo el cuerpo de inspección en el mismo saco, porque existen profesionales excelentes que intentan poner cordura en el caos. Sin embargo, una parte de la inspección educativa, por desconocimiento, no actúa como garante del derecho, y la culpa, una vez más, es del diseño del engranaje. La realidad es que cuando un docente aprueba las oposiciones y entra como inspector, no recibe ningún tipo de formación adecuada a nivel legal. Se le suelta en los centros para que vigile el cumplimiento de unas leyes que él mismo tiene que interpretar sobre la marcha, sin un marco jurídico sólido que lo respalde. Es un sistema ciego guiando a otros ciegos.

Al final, ante la falta de herramientas técnicas reales, para ese sector de la inspección es mucho más cómodo fiscalizar si el profesor ha rellenado la casilla X del programa informático que auditar si la resolución de la Consejería vulnera los derechos laborales del docente o la equidad del alumno. El miedo al inspector no nace de la ley; nace del desconocimiento mutuo. En estos momentos hay un inspector sin brújula legal frente a un director que acata por pánico y un claustro que protesta en la máquina de café pero firma lo que le pongan delante por puro analfabetismo normativo.

Si de verdad queremos salvar la escuela de la degradación absoluta, el primer paso es de una higiene de­mocrática elemental. Hemos de dejar de fabricar profesores e inspectores que no saben defenderse ni asesorar con la ley en la mano. Debemos exigir que la legislación sea una asignatura nuclear tanto en la formación inicial docente como en el acceso a la función inspectora. Debemos obligar a las Consejerías a someter cada circular al filtro estricto de abogados de verdad y no de asesores, sin formación en ello, que se ayudan de la IA. Y, sobre todo, debemos abrir el boletín oficial en las salas de profesores. Un docente que conoce la ley al detalle deja de ser un siervo dócil para convertirse en un profesional ingobernable para la incompetencia política. La profesión se defiende con el BOE en la mano. Todo lo demás es seguir jugando a la ruleta rusa burocrática.

Sé que soy muy pesado con el tema de la normativa educativa, pero es que me doy cuenta, conformo voy aprendiendo sobre ella, que todo el articulado normativo que existe sobre educación, perdido dentro de un maremágnum ingobernable y con instrucciones, circulares y resoluciones que, como bien sabemos los que las leemos, van en contra de normas de rango superior, es un auténtico despropósito. Sé que se tendría que empezar a redactar legislación con cabeza y más inteligible de lo que se está haciendo pero, para eso a alguien le tendría que importar que esto fuera así.

No me hagáis caso. Seguro que es mejor, como seguramente saldría haciendo una encuesta a la comunidad educativa, pensar que la LOMLOE es una ley orgánica completa y no una modificación de la LOE. O que, en caso de leer algo en el BOE, no saber que hay normativa derogada y que el texto válido es aquel que pone «legislación consolidada». Quizás se viva mejor así.

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