¿Por qué tenemos unos servicios públicos lamentables? Y no, ya os adelanto que no es por falta de dinero

Si hay una mentira piadosa que la clase política de este país ha conseguido colar en el imaginario colectivo a fuerza de repetirla en las tertulias, es esa de que los servicios públicos se deterioran porque no hay dinero. Es el comodín perfecto. Si la sanidad pública tiene listas de espera de ocho meses para una ecografía, es por falta de presupuesto. Si la red ferroviaria se cae a pedazos y los trenes se paran a mitad de tramo, es por inexistencia de recursos. Si la burocracia administrativa te exige pedir cita previa por internet para luego atenderte de mala gana tras tres semanas de espera, es que hace falta más personal.

Es un argumento cómodo, vistoso y coordinado. El único problema que tiene es que es una falsedad categórica desmentida por la fría realidad de las arcas públicas.

Nunca en la historia de este país las administraciones públicas -tanto la central como las autonómicas y locales- habían ingresado tanto dinero. Año tras año, la Agencia Tributaria bate récords absolutos de recaudación. La inflación, los impuestos indirectos y la presión fiscal sobre las rentas del trabajo han llenado las cajas del Estado hasta reventar. Hay más dinero que nunca en el circuito público.

La pregunta que cualquier ciudadano con dos dedos de frente debería hacerse mientras espera tres horas en la sala de urgencias de un hospital o intenta infructuosamente renovar un documento oficial en una sede electrónica infame es demoledora es dónde coño va a parar esa riada incesante de millones.

La respuesta no está en la falta de recursos, sino en el abismo insondable de la ineficiencia sistémica, el chiringuitismo estructural y el pésimo diseño de la gestión pública.

El dinero público en España no se gasta en mejorar la vida del ciudadano a pie de calle. Se evapora en alimentar una maquinaria elefantiásica que solo existe para justificarse a sí misma que, entre sus lastres económicos, están los siguientes:

• Asesorías, observatorios y ocurrencias. Partidas presupuestarias millonarias destinadas a informes técnicos que nadie lee, campañas publicitarias institucionales de autobombo y contratos a dedo para consultoras externas que vienen a decirte en un Powerpoint lo que cualquier trabajador a pie de obra sabe desde hace diez años.
• Plataformas digitales de chiste. Millones de euros vertidos en contrataciones de software público (programas de gestión educativa, web de RENFE, las webs de la Seguridad Social, …) que fallan más que una escopeta de feria, que bloquean el trabajo de los profesionales y que obligan al usuario a hacer de administrativo involuntario del Estado.
• El incentivo perverso de la administración. En la empresa privada, si un servicio funciona mal y cuesta una fortuna, se reestructura o quiebra. En la administración pública ocurre exactamente lo contrario: cuanto peor funciona un servicio, más presupuesto pide el político de turno para «solucionarlo», perpetuando un pozo sin fondo donde el dinero se quema sin exigir jamás rendición de cuentas ni evaluación de resultados.

Es un modelo extractivo de manual. Al ciudadano se le exige una lealtad fiscal implacable -con sanciones feroces si se equivoca en una casilla de la declaración-, pero a cambio se le devuelve una atención al cliente digna de un país en vías de desarrollo. Te cobran como en el norte de Europa y te prestan servicios con la agilidad de la ventanilla del siglo XIX.

Y lo más sarcástico del asunto es que, ante el colapso evidente de lo público, quien puede permitírselo acaba pagando dos veces. Paga la cuota de la sanidad privada para que le atienda un médico a tiempo, paga el seguro o la academia privada para parchear lo que el sistema no da, mientras sigue financiando con la mitad de su esfuerzo laboral una maquinaria estatal que se ha vuelto completamente ineficiente.

Basta ya del cuento de la escasez de recursos. El dinero está sobre la mesa, ha salido de la nómina y del esfuerzo diario de millones de trabajadores. Lo que falta es rigor, competencia, fiscalización real y la valentía política de podar el gasto inútil para concentrar cada euro donde verdaderamente importa. En médicos, en mantenimiento de infraestructuras, en seguridad y en una atención digna al ciudadano. Por cierto, contratar personal sin mesura para determinados servicios, y lo digo con conocimiento de causa por haber conocido un servicio con 600 personas que se podía haber hecho igual de bien -o incluso mejor- con 30, también es uno de los grandes pufos de la administración.

Hay dinero público. Y mucho. El problema es su gestión y a qué mierdas se acaba dedicando gran parte del mismo.

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