¿Por qué la administración educativa permite usar al alumnado como cobayas?

Si una empresa farmacéutica intentara administrar una sustancia experimental a miles de menores sin protocolo clínico, sin grupo de control y sin evidencias científicas previas, sus directivos terminarían en prisión preventiva en cuestión de horas. Sin embargo, en el sistema educativo español ocurre exactamente eso a diario y nadie rinde cuentas.

Llevamos décadas viendo cómo desde el Ministerio de Educación y las Consejerías de turno se lanzan ocurrencias metodológicas al aula con la alegría del que juega con fichas de Monopoly. Se aprueban experimentos masivos, se dinamitan currículos enteros y se convierte a generaciones de chavales en conejillos de indias de la última ocurrencia pedagógica. Y todo ello respaldado por una administración que no solo mira hacia otro lado, sino que concede sellos de innovación para que los centros los cuelguen en el tablón como si fueran medallas al mérito.

La pregunta no es si estos experimentos funcionan o no, aunque los informes internacionales y la caída en picado de la comprensión lectora ya han respondido a eso. La pregunta verdaderamente corrosiva es otra… ¿por qué la administración permite y alienta que se juegue con el futuro del alumnado sin el menor rigor ni consecuencia legal?

Construir laboratorios de ciencias equipados, bajar las ratios a un número razonable por aula, contratar especialistas en audición y lenguaje o reparar tejados que se caen a pedazos cuesta mucho dinero. Dinero real de los presupuestos públicos.

Vender que un centro es vanguardista porque ha tirado los tabiques, ha sustituido los libros de texto por pantallas corporativas y evalúa por emociones y retos sale prácticamente gratis, especialmente porque la mayoría, en caso de dotaciones, son fondos europeos finalistas. A la administración le fascina el laboratorio pedagógico porque actúa como una gigantesca pantalla de humo. Permite maquillar el desmantelamiento de la escuela pública y de la privada-concertada bajo el envoltorio de la modernización. No necesitas invertir en personal ni en infraestructuras si logras convencer a la opinión pública de que el caos organizativo es, en realidad, autonomía pedagógica del siglo XXI.

El diseño de la estafa es normativamente perfecto. Cuando una Consejería impone un modelo sin base científica, pongamos como ejemplo la digitalización salvaje sin soporte en papel o la evaluación por rúbricas ininteligibles, se asegura de construir de antemano la salida de emergencia.

Si la promoción sale adelante sabiendo multiplicar y redactar, el mérito se lo apunta el diseño del decreto y el político de turno sale en la foto. Si la promoción naufraga y las estadísticas se van al garete, la culpa jamás será del experimento. La culpa será del profesorado a pie de aula que carece de competencia digital, que se resiste al cambio de paradigma o que sigue anclado en la lección magistral o, como es lo que se repite más habitualmente, que no se han formado correctamente y no saben aplicar la «innovación». La administración jamás pierde porque ha diseñado un juego donde el laboratorio es intocable y las cobayas (y sus cuidadores) son los únicos responsables del desastre.

Hay que ser muy ingenuo para creer que la invasión de la pedagogía de laboratorio en la enseñanza es un impulso romántico. Tan solo hace falta seguir la pista del dinero.

Las administraciones educativas están sometidas a un cabildeo feroz por parte de multinacionales tecnológicas, fundaciones privadas con agenda ideológica propia y consultoras de formación que necesitan validar sus productos. El sistema público de enseñanza es el entorno idóneo para ello. Un mercado cautivo de cientos de miles de alumnos donde probar licencias de software, aplicaciones de gestión de aula, robots y manuales de neuroeducación de garrafón. La administración actúa aquí como el intermediario complaciente que abre las puertas del establo a los mercaderes a cambio de titulares amables en la prensa afín y ponencias en congresos.

Lo verdaderamente siniestro de este perverso laboratorio social es que la infancia no tiene botón de rebobinado.

Si un laboratorio metodológico fracasa en la ESO, el chaval no tiene una segunda oportunidad para aprender a razonar, a concentrarse o a dominar la sintaxis. Pasa de curso vaciado de contenidos, desarmado intelectualmente y condenado a pagar la factura en el mercado laboral o en los estudios superiores. La brecha se ensancha. Las élites educan a sus hijos en el rigor, el texto duro y la disciplina académica, mientras la pública o parte de la privada con concierto ensaya la última moda del catálogo corporativo con los hijos de la clase menos pudiente porque, aunque el discurso sea otro, la concertada cada vez se ha vuelto más heterogénea.

Ha llegado la hora de dejar de hablar de innovación y empezar a hablar de responsabilidad institucional. Ningún experimento debería volver a pisar un aula sin un protocolo riguroso, sin evidencias empíricas independientes, sin grupo de control y sin que el alto cargo que lo firma asuma las consecuencias de su fracaso.

La escuela pública nació para emancipar a través del conocimiento de verdad, no para ser la granja de pruebas del pedagogismo de salón. A ver si nos enteramos de una vez. Las cobayas se quedan en el laboratorio. Con los alumnos, se enseña.

El artículo de hoy tiene mucho que ver con el tuit que publiqué ayer con el «Batxillerat PRO» que se realiza en determinados centros educativos concertados catalanes. Un Bachillerato que, al final, no es nada más que una vía de acceso «falsa» a ciclos formativos de grado superior, mediante proyectos y un experimento que, curiosamente, nadie se ha dedicado a analizar antes de autorizarlo por parte de la administración educativa.

Ahir em van passar per mail la barbaritat pedagògica que s’està fent en un centre concertat de Lleida: el batxillerat PRO. Un batxillerat de canvi de mirada, basat exclusivament en projectes i sense exàmens «com els coneixes». Quin despropòsit. Pobre alumnat. Pobres famílies. pic.twitter.com/PBHC4QdZV9

— Jordi Martí (@xarxatic) September 16, 2026

No olvidemos nunca que los experimentos en el aula se permiten porque la administración los consiente y, en muchos casos, los propone directamente.

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