Siempre he sido un gran defensor que nuestros alumnos tengan las mismas oportunidades. Es por ello que he sido partidario de reducir ratios hasta números que permitan la personalización y adaptación de los aprendizajes y, cómo no, de intentar establecer algún mecanismo para que la administración pueda actuar en las propias familias de nuestros alumnos. No olvidemos que la mayor parte de los alumnos que fracasan lo hacen como consecuencia de situaciones familiares y que, por desgracia, no es lo mismo proceder de una determinada familia u otra a la hora de garantizar las posibilidades futuras de los mismos. No todos nuestros alumnos pueden tener ayuda fuera del aula o un ambiente que facilite el estudio. A veces hay algunos que nunca ven a sus padres (¡apostemos de una vez por la conciliación laboral!), otros que tienen unos padres que pasan de ellos y están solos la mayor parte de las tardes o, un tercer grupo en el que, algunos alumnos, se ven obligados a ejercer de figuras paternas y maternas a muy tierna edad. Y eso lastra muchos futuros. Futuros que no podemos solucionar en exclusiva en los centros educativos, ni con metodologías e, incluso si me apuráis, sin legislación que englobe también lo que sucede en el contexto familiar.

Y ya que tenemos la obligación de dar las mismas posibilidades a todos los alumnos chirría que, en función de la Comunidad Autónoma en la que estudien, las pruebas del Selectivo sean más o menos difíciles. Algo que copa determinadas Universidades por alumnado que, quizás, no tenga tantos conocimientos (en algún momento debemos filtrar aunque ya me gustaría vivir en un lugar donde no hubiera nunca filtros ni segregación) pero por haberse presentado en una determinada Comunidad a hacer las pruebas, ya parte con esa ventaja. Sí, lo mismo sucede en algunos centros educativos donde, dentro de lo habitual de subir algunas décimas en segundo de Bachillerato, se pasan con el asunto para convertir seises en dieces. Existe esa casuística y, curiosamente, siempre se da en la misma tipología de centros. Ahí también debería intervenir la administración pero, por lo visto, lo de la igualdad, meritocracia y transparencia no tiene mucho valor para los que gestionan la educación. Si no fuera así no se entendería que las pruebas de oposición también fueran diferentes y que, en lugar de hacer una bolsa común con los mismos criterios de evaluación para convocar oposiciones, se permita que cada Comunidad monte su propio chiringuito. Chiringuito que, curiosamente, sí que permite a los aprobados moverse después por todo el territorio nacional. Lo mismo que sucede con los alumnos de Bachillerato que entran en la Universidad.

Reconozco que con mis alumnos, al igual que hacemos la mayoría de docentes, tengo muy en cuenta el contexto en el que viven a la hora de ajustar sus calificaciones. También veo que, ya en los primeros cursos, hay alumnos que han abandonado el sistema porque han tenido la mala suerte de nacer en determinadas familias. Debemos compensar lo anterior. Se nos debería obligar a hacerlo. Y no, la solución no es establecer grupos que segregan (léase bilingüismo) o centros específicos para determinadas familias (léase centros privados). La solución pasa por intervenir donde toca, invertir bien e intentar, dentro de las posibilidades que tenemos como sociedad desde la política, intentar que todos partan desde la misma línea de salida. Claro que ahora eso no existe. Claro que algunos tienen más oportunidades que otros pero, ¿no creéis que lo mejor sería que la cuna no marque el futuro? Hasta los años 80 había posibilidades de que los hijos vivieran mejor que los padres, ¿por qué no seguir permitiendo lo anterior? Si no lo hacemos, vamos a pagar un precio muy caro. Y no sólo los que están abandonados por el sistema porque, por mucho que algunos no quieran enterarse desde sus atalayas, todos somos parte de la sociedad.

La inclusión educativa y la igualdad de oportunidades no es lo que nos venden. Es otra cosa porque, nacer donde uno nace o pacer donde uno pace, nunca debería ser sinónimo de condena.