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¿Qué debería incluir la nueva ley educativa?

marzo 3, 2017 By Jordi Martí 7 comentarios 7 Mins Read

Ya, ya sé que soy un simple docente de aula y, al igual que las de mis compañeros, mis opiniones acerca de lo que debería hacerse en el ámbito educativo, van a ser consideradas entre cero y ningún segundo por parte de los responsables de la administración educativa. Tengo muy claro que, por desgracia, a los que nunca se consulta ni se tiene en cuenta para mejorar o postular propuestas que puedan servir para el aula, somos los profesionales que trabajamos en ella. Es por ello que, en lugar de estar reuniéndome -o estar reuniéndose alguno de mis compañeros, seleccionado por un simple sorteo (sí, la mediatización de un docente no está relacionada con la cantidad de ideas que pueda aportar), con el Ministro de Educación o los Consejeros del ramo, voy a escribir en este blog algunas ideas inconexas, espero que constructivas, acerca de algunos puntos que debería incorporar el nuevo articulado. Ya sé que nadie de los que debieran hacerlo lo va a leer pero, como profesional del ramo me veo en la obligación de hacerlo. Sí, no vale decir que ya me preguntarán porque, al final, nunca lo van a hacer.

En primer lugar tengo claro que debería reformularse el sentido que emane de la nueva ley de lo que supone la educación. Existe la necesidad imperiosa de plantear necesidades de padres o empresariales (sí, la típica coletilla de preparar a los alumnos para el mundo laboral siempre viene, más o menos explícitamente, incorporada) y jamás la de plantear la educación como un futuro cambio social. Es por ello que se hace necesario que el preámbulo de la misma incorpore los derechos de nuestros alumnos y la necesidad de aislar lo que sucede en los centros educativos de poderes externos a la misma. Con ello no se excluye la necesidad de trabajar en las aulas desde el contexto pero sí la obligatoriedad de pensar exclusivamente en los alumnos con independencia de la empleabilidad futura que puedan tener. Hablar de empleabilidad en etapas obligatorias de aprendizaje es una perversión del sentido de lo que supone la formación. Y sí, cuando me refiero a formación no me refiero sólo a la académica.

También se debería delimitar claramente qué entidades o personas pueden ofertar el servicio educativo. Conviene hablar de homeschooling, cooperativas, fondos de inversión que compran centros educativos para especular y, otros centros gestionados por organizaciones muy marcadas ideológicamente. Se debe hablar claro de una vez y decir qué vamos a permitir y qué no a nivel de gestión educativa planteándose de una vez quién debe emitir los títulos y bajo qué condiciones el alumnado que acude a centros que no gestiona directamente la administración educativa puede obtenerlos. Sí, estoy hablando de que sea sólo el Estado quien ofrezca esos títulos mediante pruebas externas a aquellos que hayan optado por otro tipo de educación diferente a la que ofrece. No, no estoy negándome en ningún momento a que los padres puedan elegir dónde llevan a sus hijos. Eso sí, delimitando muy bien qué son centros privados y qué son centros públicos, la libertad de los padres y, cómo no, el derecho de los ciudadanos a pagar con sus impuestos exclusivamente centros de gestión pública. Además, plantear lo anterior está mucho más acorde con la Constitución que lo que hay ahora. Eso sí, siempre con la obligatoriedad a la administración pública de velar por la seguridad y derechos de los niños que estén escolarizados en uno u otro sistema.

Muy relacionado con lo anterior está el currículum. Si permitimos la oferta privada del servicio, es de lógica que, más allá de la existencia de una prueba de validación final (se puede considerar cuándo y de qué forma se realizaría) en esos centros, debe permitirse que los mismos regulen su propio funcionamiento. Es por ello que debería permitirse total libertad de estructuración curricular en esos centros de gestión privada porque, más allá de la oferta educativa que se realice en los mismos, al no estar financiados con dinero público debería permitírseles su total autonomía. Autonomía curricular que no pedagógica porque la pedagógica debería ser decidida en cada uno de los Claustros. Por cierto, si un alumno de un centro privado o un homeschooler quiere volver al sistema educativo público debería facilitarse grupos de adaptación en los centros públicos para que, en caso que hubieran planteado un currículum al margen del oficial, pudiera adaptarse rápidamente al mismo.

Relacionado con lo anterior está la necesidad de plantearse el tema de los agrupamientos por edad, qué asignaturas debe incorporar la nueva ley y con qué distribución temporal y, cómo no, ver si el sistema de centros educativos de CEIP e IES funciona o debe plantearse otra tipología de centros. Y yendo más lejos si debemos reformular la tipología de docentes que den clase en los mismos o la necesidad de cambiar a los doce años de centro educativo. ¿Por qué no hablar también de si es necesaria la escolarización obligatoria hasta los 16, debemos rebajarla a los 14 o aumentarla hasta los 18? Sí, se puede hablar de muchas cosas. Y sí, seguro que ahora alguno me preguntaréis qué hacemos con la religión y su encaje en el currículum. Yo lo tengo claro… o abolir el acuerdo con la Santa Sede o, si quiere mantenerse, devolverle el estatus de que no cuente para la media y plantear su oferta los sábados para aquellos que lo elijan. Sí, ganamos horas libres para el alumno que no quiera cursarla porque, sinceramente, lo de los horarios de los chavales es infumable.

¿Y las optativas? ¿Y esa gran cantidad de asignaturas que aparecen porque, por desgracia, seguimos hablando de ciencias y letras en etapas obligatorias? Al haber planteado la posibilidad de que un alumno curse determinadas asignaturas (prefiero denominarlos módulos, como en FP, porque al poder matricularse en uno u otro el modelo sería similar) en cualquier momento, dejando para etapas de más madurez las que más le cuesten, por qué no eliminar de una vez la necesidad de taxonomizar al alumno entre ciencias y letras estableciendo un currículum, tanto para ESO como para Bachillerato idéntico para todos (pero que puede cursarse a su ritmo). Creo que ya está bien de plantear que uno debe hacer Matemáticas light porque quiere ser Filólogo y un Ingeniero debe desprenderse de la Literatura. No, no es de lógica porque la formación en etapas obligatorias debería de ser global y globalizadora.

Eliminar todo rastro de evaluaciones empresariales del sistema debería ser también un objetivo. No, la evaluación debe hacerse en cada uno de los módulos por los profesionales del mismo y, al llegar a etapas que certifiquen aprendizajes, plantearse un modelo único de evaluación que incluya las habilidades y capacidades que deben haber adquirido. ¿Estoy hablando de pruebas diagnóstico o de competencias básicas? No, estoy planteando un modelo que permita, para cada alumno que ha asimilado los conceptos, simplemente certificar los mismos. Y sí, al haber eliminado el agrupamiento por cursos, también se ha eliminado la promoción entre cursos con lo que ahorramos el dinero que supone la alta tasa de repetidores de nuestro país y podemos personalizar mucho más el aprendizaje.

Recordemos que, del planteamiento anterior, se infiere la necesidad de ratios menores (abriendo la posibilidad de la docencia compartida según elección del centro aunque, al estar trabajando por módulos es bastante complicado) y una gestión de los alumnos de forma muy individualizada porque nos podemos encontrar alumnos con el módulo cuatro de Ciencias que vayan por el dos de Lengua y otros que sea al revés. Es por ello que la gestión informática de los mismos debe estar muy bien diseñada por informáticos con el aporte imprescindible de docentes que sepan qué deben incluir los anteriores en el programa.

Ya, ya sé que me lío siempre que hablo sobre cambios en el sistema educativo pero, como tampoco nadie me va a llamar para pedirme mi opinión y, en caso que lo hagan tampoco van a hacerme ni puñetero caso, me puedo permitir el lujo de ser totalmente incoherente 🙂

Continuará…

In EDUCACIÓN

Ronda de reuniones para una nueva ley educativa

febrero 18, 2017 By Jordi Martí 2 comentarios 6 Mins Read

Ha empezado. Sí, al igual que se hizo con la LOMCE, se ha convocado desde el Ministerio de Educación a determinados personajes, más o menos relacionados con el ámbito educativo, para intentar hilvanar un redactado para una nueva -ya no sé cuántas llevamos- ley educativa. Representantes sindicales, organizaciones empresariales, políticos y, un nutrido grupo de asociaciones que, ni están en las aulas ni se espera que estén. Y ya van muchos errores similares porque, no deja de ser curioso que el primer docente convocado por parte del Ministro sea, precisamente, uno que ha decidido libremente abandonar el aula, ponerse a escribir libros y soltar frases bonitas en múltiples auditorios. Algo que a mi entender no es muy productivo.

Si se quiere una ronda de reuniones seria para elaborar algo en condiciones yo voy a darle nombres al Ministro. Nombres que no siempre piensan igual que yo y, en ocasiones, se situan en mis antípodas ideológicas pero que respeto enormemente por considerarles unos grandes profesionales que pueden aportar muchísimo. La idea sería cogerlos, encerrarlos un mes sin injerencias externas y, al cabo de ese mes, recoger lo que hubieran elaborado, dotarlo de entidad legislativa y aplicarlo en las aulas de nuestro país. Eso sí, tengo muy claro que lo que saldría de ahí debería ser de obligado cumplimiento por todos y, además, ser ratificado por todos los partidos políticos con independencia del signo porque, no hay nada mejor que un diseño educativo hecho desde la profesión y al margen de intereses empresariales o políticos.

Vamos a empezar con los nombres. Voy a darle al Ministro algunos. Hay muchos más y seguro que se me queda alguien en el tintero pero, a voz de pronto, es lo que dicta mi sentido común. Por cierto, no quiero restringirme sólo a docentes en activo y, es por ello que voy a incorporar al listado profesionales universitarios y cargos políticos, procurando que su modus vivendi no afecte a las opiniones de mejora que puedan expresar en esa macroreunión.

Voy a coger a unos cuantos docentes universitarios. Entre ellos escojo a Jordi Adell, Mariano Fernandez Enguita, Fernando Trujillo, Alejandro Tiana, Mercè Gisbert, Clara Grima, Josep Bargalló y Josep Lluís Carod Rovira. Ya ya sé que me dejo, por ejemplo a Ángel Gabilondo pero no quiero en esta hoja de ruta a nadie con un fracaso a cuestas a la hora de hilvanar el pacto.

Una vez liquidado el plantel de docentes de Universidad voy a incorporar a algunos cargos políticos en activo actualmente. Y sí, como he dicho antes, lo de la ideología es lo de menos porque, al final, lo que interesa es, dentro de posicionamientos variopintos obtener lo mejor para los alumnos. Cargos políticos entre los que incluiría a Jorge Arévalo, Ismael Sanz y Miguel Soler. Son tres políticos muy activos en las redes que, además, nunca se han escondido a la hora de exponer sus posicionamientos educativos. Posicionamientos que, en los tres casos, seguro que chocan pero cuyas visiones divergentes son imprescindibles para llevar a buen término el asunto que se les debería encomendar.

Voy a prescindir, si me lo permitís, de José Antonio Marina pero sí que me gustaría contar con su mano derecha, Carmen Pellicer. No, no es una decisión banal ya que, para crear una ley educativa en condiciones, debe incluir a todo el mundo. También a los defensores de la concertada porque soy de los que creo que el debate de la desaparición de la concertada y la religión en los centros educativos es un tema que debería ir al margen del articulado legislativo.

Ahora me vais a permitir que entre en el grueso de los expertos. Aquellos que, o bien han dado clase o bien la siguen dando en las etapas educativas que dependen directamente del Ministerio de Educación. Voy a abstenerme de introducir a nadie que haya inventado o proponga una “moda” educativa por motivos obvios. No es el objetivo del debate porque, por desgracia, esa creencia en soluciones milagrosas debe aislarse de un debate serio para obtener algo aún más serio.

Empezaré por Alberto Royo, Rosa Liarte, Lola Urbano y Miguel Rosa. Ya, en vaya berenjenal me estoy metiendo al recomendar a personas que, en muchos aspectos, tienen sus divergencias. Coño, no estamos buscando todos los puntos de vista para que se discutan y maticen. Yo creo que ese es el objetivo de este tipo de reuniones porque, si no es así, es una pérdida de tiempo. Quiero meter también aquí a Minerva Porcel, encargada de innovación de un centro de jesuitas y a Boris Mir, el docente que se halla tras las bambalinas en Escola Nova 21. No, no son modas educativas, son modelos que quieren implantarse y que, a pesar de generarme rechazo a nivel personal (los proyectos, no las personas), creo que es bueno e imprescindible contar con su visión educativa.

Me pido también a Gregorio Luri, Manel Rives, Manuel García y Daniel Turienzo añadiendo, a la lista a Dolores Álvarez. Ya veis que la lista se va haciendo interminable pero he prometido un máximo de veinticinco para no hacer eterno el post y, es por ello que debo pedirme a tres personas más… Xavier Díez, Rosa Cañadell y María Victoria García. Sí, con la última tengo muchas discusiones sobre mis posturas educativas y, como no tiene ningún reparo en decírmelo, además de considerar que es una gran profesional, la añado a la lista 🙂

Me falta muchísima gente más que se podría incorporar (responsables de centros de profesorado, homeschoolers, etc.) pero ya veis, a grandes rasgos la idea de quiénes deberían formar parte del nuevo articulado legislativo para una nueva ley educativa. Profesionales que han mamado el sistema educativo y muchos que aún siguen dando el callo ahí. No, no he incluido ni a la Conferencia Episcopal, Telefónica, Asociaciónes de Madres y Padres, organizaciones empresariales o sindicatos porque, de lo que se trata, es de elaborar un documento técnico para que, posteriormente, pueda ser revisado por toda la sociedad. Y ahí ya van a tener tiempo de opinar pero, dejemos a los que saben que hagan lo que saben hacer. O, como mínimo, lo intenten.

No quiero que nadie se sienta ofendido por no estar o... por estar. Se trata de un listado que, más que los nombres, lo que importa es el sentido del mismo.

In EDUCACIÓN

Con la de leyes educativas que nos podríamos haber ahorrado…

agosto 23, 2016 By Jordi Martí 2 comentarios 6 Mins Read

Debo reconocerlo. Soy un gran fan de Villar Palasí y de su Ley General de Educación de los años 70. No entiendo la necesidad de pasar, más allá de intereses obvios en alguno de los articulados legislativos posteriores (entre ellos la nunca aplicada y privatizadora LOPEG de Pertierra y la LODE, que finalmente permitió el concierto de centros educativos -o sea, la financiación pública de centros de gestión y beneficio privado-) a la aparición de nuevas leyes educativas como las que se han aplicado en las últimas décadas (LOGSE, LOE y LOMCE). Sinceramente no entiendo que habiendo una fantástica ley educativa, cuyo máximo objetivo era la reducción del absentismo y abandono escolar -no olvidemos que, según datos, gracias a la misma se consiguió la alfabetización de cerca del 99% de la sociedad española y se redujeron las tasas de abandono de más del 70% a poco más de un 30%-. Y eso sí que es un éxito para todos aquellos a los que les gustan los números. Bueno, seamos sinceros, una reducción del abandono escolar del 40% es un éxito para cualquiera.

Creo que lo único bueno que han traído las leyes posteriores ha sido el aumento de la escolarización obligatoria hasta los 16 (la LOGSE) pero, siendo sinceros, para tan corto viaje hacia el desastre no eran necesarias tantas alforjas. Menos aún con una ley que, siendo mejorable, no necesitaba ser borrada del mapa por intereses políticos muy alejados de los intereses del alumno. Considerar una ley educativa como arma política e ideológica es lo que, por desgracia, ha llevado a seguir jugando al intercambio de fichas en un ámbito tan sensible como el educativo.

Pero, ¿qué hay de bueno en la LGE de Palasí? Pues vamos a dejar que nos lo cuenten…

httpv://www.youtube.com/watch?v=ivJ-UDuOdXA

Antes de proceder a enumerar las propuestas que incluía la ley -algunas que no llegaron a aplicarse- me gustaría que os dieráis cuenta del nombre que se usa para hablar de ese proyecto educativo… “Libro Blanco”. Curioso, ¿no os parece? ¿A nadie le resulta extraño que la última propuesta educativa que encargó el gobierno del PP se presentara bajo el mismo nombre? Nada, una simple curiosidad. Vamos al análisis de la situación actual y a ver las soluciones que propusieron…

En el momento en que se fraguó la Ley se estaba produciendo una despoblación rural y, por culpa de esa emigración hacia las ciudades se encontraron con la necesidad de aumentar los puestos escolares en las segundas. Aulas masificadas que no permitían absorber toda la cantidad de alumnos que les llegaban.

También se comentaba la excesiva rigidez de las carreras tradicionales, cerradas y herméticas sin salidas intermedias y, cómo no, la existencia de reválidas que lo único que hacían era impedir el continuar estudiando para muchos alumnos (de 100 alumnos en etapas iniciales se pasaba a menos de 30 en enseñanzas medias y, a 3 en etapas universitarias). Otra de las críticas que hacía Villar Palasí a la educación que se encontró era la existencia de centros educativos para alumnos de familias acomodadas y otro tipo de centros para hijos de los sectores sociales más desfavorecidos (¿qué pensaría ahora de los centros educativos que segregan al alumnado por el poder adquisitivo de sus familias?). Algo que remarcaba con la situación que se daba en el campo, con una descapitalización cultural importante y con mucha dificultad para los niños que habían nacido en ese contexto de poder estudiar. Exceso de materias y débil tratamiento didáctico de las asignaturas con especial énfasis hacia los defectos del “memorismo” ligados a exámenes basados en lo que los alumnos recuerdan y no en lo que saben.

Por lo anterior era necesario dejarse de parches y hacer una ley educativa integral como la que vivimos mi generación. Una ley que podía haberse mejorado pero que dentro de su articulado estaba lo siguiente:

Desaparición de las reválidas para el Bachillerato elemental y superior
Sustitución del PREU por un curso de orientación universitario (el COU)
Escolarización voluntaria a los dos años como puente entre las familias y la Escuela (no se llegó nunca a aplicar -sí a partir de los 3- pero sí que existía en el articulado) y obligatoriedad a partir de los 6 (se convierte en totalmente gratuita)
Creación de centros educativos, priorizando la misma en aquellos lugares con población obrera, industrial o agrícola
En la primera etapa, la EGB, que duraba ocho años se estudiaría la lengua, el pensamiento cuantitativo, el mundo físico apoyado en las más modernas técnicas pedagógicas
Se crea la posibilidad de elegir una doble vía a los 14 años (Formación Profesional o BUP) con la posibilidad de acceder a estudios universitarios al finalizar ambas vías
Se elimina el Bachillerato de ciencias y de letras y se crea un Bachillerato común eliminando la discriminación entre ciencias y letras
Un primer curso común en la Universidad y, posteriormente, la posibilidad de cursar estudios cortos, largos y doctorados sin necesidad de elegir ninguno porque el paso de uno a otro será realizado de forma automática
Creación de un modelo de educación permanente cuando se hayan finalizado los estudios oficiales para alumnos, profesores y profesionales (“el título se convierte sólo en el primer paso para la aplicación práctica de lo aprendido”)

Un articulado muchísimo más moderno que cualquiera de las leyes posteriores que, sin tener aún claros los motivos, han hecho padecer a nuestros alumnos. ¿Era necesario pasar por la LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE hasta llegar al despropósito que supone la LOMCE? ¿Era realmente necesario hacer ese viaje cuando ya existía una ley que se demostró que funcionó bastante bien -con todos sus defectos que podían haberse mejorado-, cuyo espíritu era integrador y, en cuyos postulados estaba la necesidad de conseguir un sistema que permitiera que todos nuestros alumnos, con independencia de su origen o condición socioeconómica, tuvieran las mismas oportunidades? Yo creo que no. Menos aún para volver a unas prácticas educativas gestionadas por intereses privados, segregadoras y que, por desgracia, no benefician en nada a nuestros alumnos.