La formación del profesorado

Creo que, dentro de la propuesta, sería bueno contar con un decálogo básico para una correcta formación del profesorado. Un decálogo que, a pesar de gustarme poco las listas, debería ir acompañado de una revisión en profundidad por parte de la administración educativa de cada curso de formación ofertado, ponencia o, simplemente, jornada pagada con dinero público. Es por ello que quizás, en una lista con reflexión en cada uno de los puntos, se entienda mejor la propuesta.

La formación docente debería ofertarse en función de las necesidades específicas de cada centro. No puede haber formación en herramientas que no existan en los centros donde desempeña su labor la mayoría del profesorado que se matricula en la misma ni, mucho menos, plantearse el uso de herramientas privativas de un determinado coste ya que, todos sabemos, que lo lógico sería que la formación tuviera posibilidades de ser aplicada en las aulas.

Establecimiento de un sistema de concurso transparente para seleccionar a los docentes que imparten formación. Hay cosas que chirrían. Más aún cuando uno ve que con dinero público un centro de profesorado o, directamente la administración, se dedica a contratar para la formación docente a alguien mediante una simple llamada de teléfono, por ser conocido del asesor o, simplemente, porque han visto su trayectoria en las redes. No, no vale. Cualquier contratación con dinero público debe ceñirse a unas normas y, no hay en la actualidad nada más opaco que la selección de los ponentes de los cursos. Bueno, de opaco nada porque, sinceramente, si uno analiza los nombres verá que, curiosamente, siempre son los mismos los que se reparten el pastel y tienen la capacidad de dar charlas sobre la reproducción del macaco hasta llegar a la fabricación de una nave espacial para llegar a esos nuevos planetas supuestamente habitables que se han descubierto hace poco.

Prohibición de que los asesores de los centros de formación impartan cursos. Es muy feo ver como determinados asesores dan cursos de formación porque, aparte de ser muy poco ético, es que huele muy mal el asunto. No, un asesor no debería poder ser contratado como formador docente por muchos motivos. Para evitar lo anterior, debería plantearse desde la administración, que la formación docente tuviera un listado de situaciones en las que fuera incompatible impartirla. Y no hablo sólo de los asesores de los centros de formación ya que, curiosamente, son también algunos responsables de la administración educativa (altos cargos, en algunos casos) los que la imparten y cobran, aparte de su sueldo como gestores políticos del ramo, de esa formación.

Debería también hacerse una revisión de cada una de la formación docente impartida y recibida. No valen las típicas encuestas online que, al final, hacen que la evaluación sea de todo menos objetiva. La evaluación de la formación docente debería hacerse en las aulas donde se va a aplicar y, es por ello que, también debe evaluarse a los docentes que realizan dicha formación -en algunos casos faltando a su trabajo, mediante la obtención de permisos para ello-.

Otro de los problemas de la formación docente es que, a veces, se ofrece el mismo tipo de administración por varias administraciones y centros de profesorado. Ya es un problema que haya una entidad a nivel estatal como el INTEF que ofrezca formación a todos los docentes del Estado y, a su vez, que haya la Consejería de turno que también tenga una plataforma a distancia para ofertarla. ¿No sería lógico que toda la formación docente a distancia se ofrezca desde la misma plataforma y desde el mismo lugar? ¿No sería mucho más claro para todos los docentes y permitiría un diseño de una oferta -estoy hablando a distancia- mejor y más plural para satisfacer a las necesidades de todos? No estoy entrando en el tema de competencias educativas, estoy hablando de sentido común, ahorro y mejor gestión.

Más temas interesantes que deberían formar parte de este decálogo es el tema de la formación específica para la gestión de cargos unipersonales. No tiene ningún sentido que la formación directiva tenga tan pocas plazas gratuitas y deban acudir los docentes en activo a entidades privadas o Universidades pagándose de su bolsillo dicha formación. La formación para el desempeño de determinados cargos unipersonales en los centros debería ser lo más amplia posible y ofrecerse de forma totalmente gratuita. Además, si dicha formación la dotamos de una calificación que permita el acceso a esos cargos unipersonales y es bien gestionada, podríamos tener los cargos unipersonales mejor formados. Y, a mejor formación, mejor desempeño.

No debemos permitir que sean siempre empresas externas gestionen la formación que se paga con dinero público. La decisión de que la administración tenga que externalizar el servicio de formación del profesorado debe ser algo puramente técnico. Menos aún cuando se disponga de profesionales cualificados que pueden hacer ese servicio, a menor coste y mucho más eficiente.

Creación de un cuerpo específico de inspectores de formación docente. La existencia de una organización que vele por la correcta ejecución de la formación del profesorado se hace imprescindible. Más aún cuando es mucho el dinero que se destina -incluso a pesar de los recortes- a dicha formación. Inspectores, por cierto, con la capacidad de vetar a determinados ponentes por considerar que no reúnen el perfil y poder devolver a asesores de formación al aula en caso de detectar alguna praxis sospechosa. La formación docente también debe controlarse porque no es lógico lo que está pasando ahora donde, por el simple hecho de ser más o menos “amigo de…” uno es contratado para recibir unos eurillos para que forme a determinados docentes en cosas que jamás van a utilizar. No, la formación mediocre debe desaparecer. Así como los formadores mediocres. Y hay tanto una cosa como otra. No, no estoy generalizando, ni mucho menos.

Gratuidad de la formación docente en Universidades públicas. Los másters y doctorados deben financiarse a los funcionarios docentes y a todos aquellos que estén trabajando en los centros públicos mediante otro tipo de contratos (interinaje, sustituciones, personal laboral, etc.) si los mismos tienen que ver con la materia que imparten o con una futura mejora en un determinado ámbito transversal (léase nuevas tecnologías, investigación, etc.). Muy relacionado con lo anterior está la gratuidad en la formación lingüística ya que, lo que no puede ser es que un docente en activo deba pagarse de su bolsillo la formación en lenguas cuando la administración está apostando por ofrecer un modelo de bilingüismo en las aulas. Y no, no estoy defendiendo el modelo. Sí la necesidad de formar a los docentes en activo cada vez que, por articulados legislativos, se incorpora alguna nueva estrategia metodológica en las aulas.

Me he quedado en nueve a un punto para el decálogo porque considero que lo de la gratuidad para postgrados, másters o lenguas, estaría en el mismo punto. Estoy hablando, recordémoslo por el hilo argumental del propio vademecum de propuestas, de la formación que se paga con dinero público a los docentes en activo.