Tag

aplicaciones

Browsing

En unos días se va a publicar en el BOE un Real Decreto de “Seguridad Digital” en el que, como medidas más destacadas, existe la de que ninguna administración va a poder trabajar o poner sus datos en servidores alojados fuera de la UE. Algo que en principio han hecho, nada subrepticiamente, para evitar que se pueda montar una votación digital para decidir si se aprueba o no una República Catalana pero que, como sucede casi siempre, va a tener afección en el día de día de todas las administraciones y sus trabajadores. Entre esas administraciones y trabajadores: la educativa y sus docentes.

Fuente: Desconocida

¿En qué va a afectar a las administraciones educativas? Pues en la necesidad, especialmente aquellas que han externalizado sus servicios de gestión docente y/o de aula, cediéndolos a Google o Microsoft, que tengan especificado en el contrato firmado que todos los datos que se intercambien jamás van a salir fuera de los servidores de la UE. Algo que, a día de hoy y leído, por ejemplo, el contrato que Cataluña firmó con Google, no aparece en ningún lugar. Tan solo aparece la coletilla de que los datos van a cumplir la protección de datos europea. Algo que no tiene nada que ver con la ubicación de los servidores por lo que los datos de los alumnos y docentes pueden estar en cualquier granja de servidores de Google situado en cualquier parte del globo. Y tienen hasta el martes para cercionarse de que no hay ningún dato fuera de la UE con la posibilidad de acceso a esos servidores y enviar, desde la administración educativa que haya externalizado el servicio, técnicos a analizar que ningún dato salga fuera del ámbito europeo. Bueno, de los países que engloban a la UE.

También va a afectar a los docentes y centros educativos públicos (sí, remarco lo de públicos porque, en este caso el RD solo va a afectar a la administración pública, aunque las empresas privadas que gestionan los centros privados concertados, también podrían verse obligados a cumplirla -no conozco excesivamente la jurisprudencia cómo les afectaría-), en referencia a las herramientas que usen con sus alumnos. Por ejemplo, todos los centros que tienen páginas webs en hostings propios deberían exigir saber dónde están los servidores. Eso la empresa debe decirlo y firmar un documento garantizándolo. Un detalle, hay Comunidades donde no puede contratarse hostings propios con dinero público de los centros. Lo mismo para el profesorado de esos centros en cuanto a las herramientas, en caso de que aparezcan o se intercambien datos de alumnos, que estén usando. No va a afectar a poder ver un vídeo de Youtube en el aula, pero sí a tener un cuaderno del profesor en la nube, un grupo de whatsapp con los padres o una cuenta de Facebook, Twitter, etc. de uso profesional. Sí, también afecta a los que en Twitter usan un determinado hashtag con sus alumnos para que participen (afecta igual sean mayores o menores de edad). Y a las administraciones (como el INTEF y otros cursos de formación) que se dinamicen por la red del pajarito con hashtags. A partir del martes eso será delito.

Por tanto, a partir del martes cambian las reglas del juego. No hay posibilidad de manipular nada, ni de decir que se cumple la ley de protección de datos. Lo importante también es la ubicación de los servidores y, a día de hoy no hay ningún docente ni centro educativo público que tenga un contrato firmado donde Google, Microsoft o la empresa X garantice que sus servidores estén en la UE y que todos sus datos solo se muevan entre esos servidores. Así que, a partir del martes existen dos opciones: ignorar el Decreto Ley (que no exime de su cumplimiento) o cumplir el mismo, migrando de esos servicios a los que ofrece la administración educativa o instalados en servidores propios que estén dentro de la UE.

Un detalle, en el caso de este blog (aunque no sea de uso educativo) no habría ningún problema porque, a la hora de elegir el tipo de hosting, he elegido que tenga los servidores ubicados en la UE. Y tengo el contrato que lo certifica.

Así pues ya no habrá debate acerca del uso de herramientas de Google, Microsoft o demás servicios que no sepas ni te garanticen dónde están sus servidores por escrito (y certificado y validado por la administración educativa). Estarán, a partir del martes, prohibidas por defecto.

El post incluye lo que han filtrado desde La Moncloa a los medios que incluirá el Real Decreto. Aún puede que incluya alguna excepción de cumplimiento para algún ámbito pero, sinceramente, lo dudo.

No me apetece volver a dejar en manos de Google y sus anuncios el mantenimiento del blog. Así que si os apetece colaborar en mantener esto, ya sabéis…

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Nadie da duros a cuatro pesetas. Lo que parece algo lógico da la sensación que, en ese contexto digital en el que muchas aulas se mueven, se haya dejado de lado. Son miles los docentes que obligan a sus alumnos a registrarse en determinadas plataformas tecnológicas, muchos más los que las usan poniendo datos sensibles de sus alumnos e, incluso, son multitud los que usan personalmente esas herramientas supuestamente gratuitas. Se ha de ser muy iluso para creer en que las empresas dan algo gratis. Más aún cuando las mismas, curiosamente, cada vez tienen mayores beneficios. Por tanto, ¿de dónde sacan ese dinero para seguir funcionando y ofreciendo, a día que pasa, unas mejores funcionalidades para el aula? Pues de los datos de los usuarios. Sí, la compra y venta de datos entre empresas es uno de los negocios más jugosos de las mismas. Hábitos de navegación, datos de usuarios, datos de uso de la herramienta,… y así hasta el infinito.

Fuente: https://blog.classdojo.com

Estos días muchos docentes están poniendo en orden la plataforma que van a usar con sus alumnos. Miles de datos volcados en Edmodo, Google Classroom, Schoology, ClassDojo o, cualquiera de las miles de aplicaciones que prometen dártelo todo a cambio de nada. Cientos de millones de datos de alumnos por la red. Cientos de millones de datos que van a ser tratados mediante algoritmos para obtener perfiles de todos los usuarios. Y no, no estoy exagerando. La situación es bastante más grave que la de subir fotos de tus hijos a Facebook. Bastante más porque se están usando los datos de los alumnos sin el permiso pertinente. ¿Cuántos que usáis esas herramientas hacéis firmar a los padres de los chavales para poder usar cada una de ellas? Un simple registro en una aplicación online ya significa dar los datos. Datos que, por cierto, la mayoría de alumnos menores de catorce años no pueden dar libremente. Quién avisa no es traidor. Hasta ahora no ha pasado nada pero, si a un padre le da por denunciaros por el uso de esas herramientas sin contar con su permiso, no digáis que nadie os ha avisado.

Yo nunca he obligado a crear cuentas a menores de catorce años en ninguna aplicación. Si alguna vez lo he hecho, he avisado de que no usen datos reales para realizar dicho registro. Incluso, en los últimos cursos, he prescindido del uso de nombres personales en las aplicaciones de gestión que usaba con ellos. Y siempre contando con los permisos pertinentes y manteniendo informados en todo momento a los padres del uso de esas herramientas en el caso de usarlas en primero y segundo de ESO. Aún así, seguro que me he dejado algún fleco en el asunto. Algo que me preocupa porque, al final, esos datos no controlo dónde van o para qué se van a usar en un futuro.

Sé que muchos diréis que todos los chavales tienen cuentas en las redes sociales. Que lo de la normativa impide el uso de determinadas herramientas y que, para poder avanzar en el aula, debemos “obviar” la normativa vigente en el uso de las mismas. Que el beneficio inmediato es mejor que la petición de tantos permisos. Que… Pues va a ser que cada vez debería preocuparnos más el futuro de esos datos e intentar, en el presente, que los mismos no puedan suponer ningún problema en el futuro. Todo lo que está en la red nadie sabe para qué va a usarse. Y, por mucha RGPD, todos sabemos que muchos servidores se hallan en países en los que no se aplica la misma.

Por cierto, un detalle final. No os olvidéis de investigar quién hay detrás de las aplicaciones que estáis usando con vuestros alumnos porque, a lo mejor, os lleváis una sorpresa. Por si no lo sabíais, y siendo solo un ejemplo, uno de los fundadores de ClassDojo (esa aplicación tan bonita que muchos usan) estuvo trabajando en McKinsey (la de los informes educativos) y en Lehman Brothers. Ya si eso deducís ciertas cosas. O, si no queréis deducirlas, allá vosotros con vuestra conciencia porque, al final, vais a ser vosotros los que vais a tomar la decisión de qué usar en el aula. Y de las responsabilidades que conlleve su uso.

No se ha de ser iluso con este tema porque nos jugamos mucho.

Hay empresas que no van a usar los datos de vuestros alumnos pero, por favor, aseguraos bien que sea así cuando uséis alguna aplicación online en el aula.