Los docentes de la concertada deberían tener la misma regulación laboral que los de la pública

Ayer en la Comunidad Valenciana, una parte de la población -aquella con hijos matriculados en la concertada y el profesorado de ese tipo de centros- se puso en pie de guerra ante la propuesta de la Conselleria de Educación de que esa tipología de centros educativos cumpliera la ley. Sí, al Conseller Vicent Marzà no se le ocurrió nada más que obligar a que, una enseñanza subvencionada con dinero público -a nivel de mantenimiento de infraestructuras donde se cobra por unidades concertadas y salario del profesorado- tuviera prohibido cobrar cuotas obligatorias o “voluntarias”. La que se montó con la iniciativa en los medios… padres criticando al Conseller por querer que fuera la Educación Pública la vertebradora de la mejora social. ¿A quién se le ocurre proponer que las cuotas -ese gran mecanismo para segregar alumnos- deje de existir? Que unos quieren que les paguen sus centros ideológicamente afines que escolarizan, siendo un 30% de los totales, sólo el 8% de alumnos inmigrantes. Que no lo digo yo, lo dice el MEC en las publicaciones donde habla de números educativos.

Fuente: http://www.abc.es

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Vamos a ver, que lo de la libertad de elección de centro está muy bien y es totalmente necesario pero, elegir un centro alejado del domicilio por el simple hecho de que la proporción de alumnos de la misma clase socioeconómica de uno sea la mayoritaria, se llama segregar. Y, por desgracia, creo que ese tipo de segregación no debería pagarse con dinero público. No es sólo la falta de centros públicos, es que dichas cuotas, el uniforme, el comedor más caro y las extraescolares de pago obligatorio, hacían que las familias con pocos recursos no pudieran acceder a ese tipo de centros. Por tanto, cargarse esa discriminación en un centro subvencionado con dinero público debería ser positivo para la sociedad porque no generaría centros-gueto y habría las mismas posibilidades para todos los alumnos con independencia de cuestiones que, poco tienen que ver con la educación.

Pero ya veis que me he despistado en la formulación del artículo y me he ido por donde no tocaba. No, el leitmotiv del mismo era hablar acerca del profesorado de esos centros concertados. Profesorado cuya nómina se paga con dinero del erario público, realizan más horas de clase y, por desgracia, cobran un siete por ciento (sí, comparando nómina con nómina) que los que trabajan en los centros públicos. No hay derecho a esa discriminación. Tampoco, por cierto, a que la discriminación se establezca en sus condiciones de acceso. Un acceso que se realiza de forma demasiado poco transparente y en la que pesan factores que, a mi entender, poco tienen que ver con los méritos profesionales. No, no es de recibo que el 80% del profesorado de los centros de los jesuitas (sí, también dispongo de los datos que he ido recabando en los últimos meses), esos que hacen ahora ese “maravilloso” trabajo por proyectos que ha sido mediatizado abundantemente por la prensa, sean exalumnos de esa tipología de centros. Simplemente, un detalle curioso que lleva a pensar en los motivos de la selección de ese tipo de personas. Tampoco es de recibo que los docentes de la concertada deban hacer horas extra fuera de su jornada laboral ni puedan ser despedidos por el simple hecho de pensar diferente de la dirección/gestión del centro. Que la profesionalidad no depende de la ideología e ir a trabajar con miedo es muy poco productivo.

Lo de cambiar las condiciones laborales de los docentes de la concertada sin perjudicar a los interinos y/o funcionarios de la pública es harto complicado. No se trata de reconvertir automáticamente a todos en funcionarios (revisando el procedimiento de acceso a la función pública y haciéndolo más estricto que un simple examen) pero sí en abrir un sistema que permita que todo el profesorado que cobra del erario público tenga las mismas condiciones laborales (a nivel de derechos y deberes) y que su procedimiento de acceso se dé en libre competitividad. Una competitividad en igualdad de condiciones. Algo imprescindible si tenemos que seguir manteniendo esa dualidad entre los centros públicos y los subvencionados con dinero público de gestión privada. Si elimináramos los conciertos ya no habría nada que hablar 🙂

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