El uso de correos institucionales en Educación

correu_privadesaSe ha publicado en los últimos tiempos una sentencia del Tribunal Constitucional que avala el control por parte del empresario del correo electrónico de uno de sus trabajadores. Dicha sentencia, al ser emitida por el Constitucional, puede establecerse como susceptible de ser aplicada (y extrapolada) a los diferentes casos en que el correo electrónico sea suministrado por la empresa para ser usado de forma profesional.

Reflexionando sobre la sentencia y, después de intentar extrapolar dicha sentencia al ámbito educativo nos encontramos con una situación realmente curiosa. La posibilidad que tiene la administración educativa de controlar el correo electrónico institucional (el que te dan como docente) e, incluso, el derecho que tienen los directores de los centros educativos, como ejecutores de la administración, de controlar el correo electrónico que pueden haber repartido entre sus docentes y sus alumnos (es frecuente que haya centros que usen Google Apps y que ello les haya permitido dotar de correos electrónicos “personalizados” -tipo usuario@iesprueba.com- a sus docentes y alumnos).

Realmente la situación tiene poco de problemática ya que la mayoría de docentes y alumnos disponen de correos electrónicos propios. Correos electrónicos ofrecidos por servicios de terceros y cuya relación con la administración educativa o centro son nulas. Correos que pueden ser usados y aislados de las posibilidades de control que otorga dicha sentencia. Una sentencia, por cierto, que debe ser tomada con todas las restricciones del mundo ya que, para que hubiera un control de dichos correos institucionales, se debería establecer un marco legal dentro del reglamento de régimen interno del centro e, incluso, sería la propia administración educativa quien habría de justificar la necesidad de la revisión del mismo (en caso de tratarse de los correos institucionales anteriormente mencionados).

Más allá de la sentencia lo que habríamos de plantearnos de una vez es cómo articular determinadas cuestiones en los centros educativos. Unos entornos donde existen personas que aún no están en la edad adulta y cuya protección (no la típica del “miedo a lo desconocido” que impide el uso de las nuevas tecnologías) debería regularse para impedir que un mal uso de los dispositivos y elementos tecnológicos puedan dar lugar a problemas. Unos elementos fundamentales en el aprendizaje actual y que, por culpa de la falta de unas normas coherentes (más allá de la típica prohibición que tanto gusta a algunos) hacen que se infrautilicen o, en caso de usarse, no se tenga ningún tipo de planificación (entre la que se habría de incluir la legislativa) sobre su uso.

No es sólo el uso de correos institucionales y su privacidad lo controvertido. Lo controvertido y preocupante es que sean las sentencias judiciales (recordemos la última que avaló la revisión de un móvil de un alumno), y no el sentido común o una normativa de centro adaptada a los nuevos tiempos, las que guíen el uso de las nuevas tecnologías en el aula.

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